Institucionalidad democrática

Institucionalidad democrática

Arnoldo Mora

Por el bien de la preservación y profundización de la democracia en Costa Rica que, en mi opinión, ha venido a menos en la última década, sinceramente espero que, con el nauseabundo escándalo de la supuesta malversación de dineros provenientes del BCIE y de donaciones de Taiwán, no vaya a suceder lo que don Ricardo Jiménez, con su habitual picardía, decía a propósito de las denuncias hechas por la prensa nacional, cuando afirmaba que “en Costa Rica no hay escándalo que dure tres días”. Porque lo que está en juego en torno a este sonado caso, es algo más que lo que los hermanos Arias califican con ligereza cómplice “como una campaña sucia que enloda el nombre de honorables personas”. Lo que ahora está en juego es la credibilidad de nuestro sistema democrático en su dimensión institucional.

La democracia es algo más, mucho más, que las frívolas y costosísimas campañas electorales que ritualmente se celebran cada cuatro años y que culminan el primer domingo de febrero con la elección de quienes irán a gobernar el país por los siguientes cuatro años. Para que una democracia sea eficaz y se convierta en elemento constitutivo de la cultura nacional, como suele decir el ex presidente Rodrigo Carazo, se requiere que las instituciones que, según nuestro ordenamiento jurídico deben velar por su normal funcionamiento, cumplan con patriotismo y sin presiones, el papel que les corresponde. Lo dicho reviste una particular relevancia en este momento histórico que vive el país, ya que las más recientes consultas al Soberano, como fueron las elecciones de febrero de 2006 y el referendum de octubre de 2007, han demostrado que el país está tan polarizado y antagonizado como nunca lo había estado desde la violenta década de los cuarenta.

Esas consultas demostraron en forma clara que el país está dividido en dos partes prácticamente iguales, con el agravante de que al menos una de esas mitades tiene serias y bien fundadas dudas sobre la transparencia democrática de dichos procesos. Esto ha hecho que instituciones, como el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala IV, hayan caído en un descrédito comparable tan solo al que afecta a los otros poderes de la nación, por no hablar de la mayoría de las municipalidades. Hoy la sospecha de corrupción recorre, como un fantasma de la ópera, los pasillos de Zapote y Rohrmoser. Por su parte, los hermanos Arias, con su habitual prepotencia y menosprecio del pueblo, han acrecentado esas sospechas dado que sus reacciones han sido no solo improvisadas, sino peor aún, antidemocráticas, como fueron las palabras de Oscar en Pacayas mandando callar a la prensa y a los diputados de oposición (?¡). Por lo que esas reacciones deben ser consideradas como lo que son: exabruptos más que explicaciones o excusas, como el pueblo lo reclama. Por esta razón, mucho me ha extrañado el silencio de instituciones de la sociedad civil encargadas de velar por la libertad de información, como es el Colegio de Periodistas.

Sin embargo, la mayor cuota de responsabilidad de devolverle al pueblo algo de la confianza perdida en las instituciones democráticas, está en manos de la Contraloría General de la República. Sinceramente espero que esas manos de madre amorosa se vuelvan firmes y valerosas a la hora de aplicar la ley. Todo un pueblo así lo exige.