Inseguridad no da tregua pese a aumento de policías
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 22 julio, 2008
Expertos señalan que la medida es solo un atenuante contra los delitos
Inseguridad no da tregua pese a aumento de policías
• El número de oficiales desde 2005 sobrepasa los 10 mil, pero la cantidad de hurtos y robos también viene en aumento
• Mejoramiento logístico en la Fuerza Pública y reforma al Código Procesal Penal serían dos soluciones efectivas a corto y mediano plazo
Pablo Mora
pmora@larepublica.net
Los futuros policías se encontraban algo ansiosos mientras esperaban el inicio de su graduación. Todos se colocaron delante de sus sillas, situadas en perfectas filas bajo varios toldos adornados para la ocasión con bellos arreglos florales. Hasta el vuelo de decenas de palomas en una mañana de cielo gris dio la bienvenida a los nuevos “hombres de azul”.
Aquella escena de la mañana del pasado martes 15 de julio era realmente digna de una fotografía institucional; se repite varias veces al año, siempre bajo la mirada curiosa de los ciudadanos, quienes esperan que los nuevos efectivos puedan mitigar el problema número uno para la opinión pública costarricense: la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, una buena cantidad de habitantes viven con la amenaza del hampa a sus espaldas y tienen en su cabeza muy claro que podrían convertirse en sus víctimas.
Las estadísticas así lo afirman: según los datos del Poder Judicial, pese a que el promedio de policías se mantiene rondando los 240 por cada 100 mil habitantes desde 2005, el número de robos, hurtos y secuestros extorsivos ha venido creciendo paulatinamente (ver gráfico).
Lo anterior se calculó sin tomar en cuenta aquellos crímenes que no se reportan ante esa entidad, conocidos como “cifras negras”, que se supone son la mayoría.
Hay muchas razones por las que es inefectivo el mantenimiento o simple incremento en el número de oficiales en la Fuerza Pública. Desde una mala y poca capacitación, pésimas condiciones laborales, o malas confecciones de los partes policiales, hasta bajos salarios y precarios niveles académicos. En resumen, se repite el lugar común “más vale calidad que cantidad”.
Un grupo de expertos explicó a LA REPUBLICA los motivos anteriores, e incluso fueron más allá y enfatizaron la necesidad de revisar y reformar el Código Procesal Penal de Costa Rica para que la función de las fuerzas represivas tenga sentido.
“Hay una sensación aparente de seguridad con nuevos policías en la calle. La pregunta es: ¿están realmente preparados para enfrentarse al crimen? Además, podemos tener un policía en cada esquina que con el mismo esquema procesal penal no se haría mayor cosa”, cuestionó Fabio Oconitrillo, abogado del Bufete Jurisis, al que también pertenece Juan Diego Castro, ex ministro de Seguridad en la administración 1994 – 1998.
En marzo del año pasado estos profesionales de las leyes presentaron un proyecto de ley ante la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa llamado “Proyecto de Defensa Civil” mediante el cual buscan reformar algunos elementos del Código Procesal Penal que consideran “inadecuados” para la realidad nacional.
“Los fiscales del Ministerio Público pueden archivar una denuncia que no les parezca importante. Esto hace que se le atribuya al ciudadano la solución del conflicto y de ahí que estos tomen la justicia en sus manos, además de que empieza a existir un rechazo por el sistema judicial”, ejemplificó Oconitrillo.
Aunque el Bufete Jurisis está de acuerdo con medidas preventivas como incentivar la educación y propulsar la movilidad social, también recalca que es necesario incrementar la cantidad de casos por robos que llegan a juicio (en la actualidad son poco más del 3%) y hacer cumplir las penas, aunque aseguran que su endurecimiento es innecesario, entre otras medidas.
El principal punto en esta discusión no sería el número de policías sino cómo estos realizan su trabajo. Esta es la conclusión a la que llegó Rogelio Ramos, ex ministro de Seguridad durante los dos últimos gobiernos.
A la vez, la lentitud en los tribunales y establecer una medida punitiva acorde con la falta cometida son dos de las respuestas jurídicas que ofrece el antiguo titular de esa cartera.
“Los juicios deben ser más rápidos y se debe permitir la acumulación de acusaciones para ser resueltas en el mismo proceso. Puede haber más policías en la calle, pero si los juicios llevan mucho tiempo y no se condena a quienes se debería, la misma Fuerza Pública se desmoraliza”, comentó Ramos.
Pero en la problemática sobre la delincuencia, la policía es solo uno de los agentes que está fallando. Para Ramos, el que la ciudadanía no presente sus denuncias y abulte las “cifras negras” dificulta la atención oportuna y eficaz ante la acción del hampa.
El hecho de contar con 508 nuevos efectivos debería influir teóricamente en un descenso de la criminalidad en el país, pero la realidad es que esa estrategia pasa inadvertida. Así lo ve Rafael Angel Guillén el ex jerarca de Seguridad, quien agregó que los oficiales no se ven en la calle porque están “acuartelados”.
“Nuestro cuerpo policial es de los menos profesionales, pues estuvo y sigue estando abandonado debido a que las soluciones propuestas no lo satisfacen. Y al estar desatendido es lógico que sienta temor de enfrentar al crimen organizado”, expresó Guillén.
La necesidad de una formación más profunda y extensa en la Academia Nacional de Policía fue otra de las peticiones que hizo el ex ministro, quien también solicitó más reclutamiento, entrenamiento y supervisión que permita hacer un control de calidad a los agentes recién graduados.
Inseguridad no da tregua pese a aumento de policías
• El número de oficiales desde 2005 sobrepasa los 10 mil, pero la cantidad de hurtos y robos también viene en aumento
• Mejoramiento logístico en la Fuerza Pública y reforma al Código Procesal Penal serían dos soluciones efectivas a corto y mediano plazo
Pablo Mora
pmora@larepublica.net
Los futuros policías se encontraban algo ansiosos mientras esperaban el inicio de su graduación. Todos se colocaron delante de sus sillas, situadas en perfectas filas bajo varios toldos adornados para la ocasión con bellos arreglos florales. Hasta el vuelo de decenas de palomas en una mañana de cielo gris dio la bienvenida a los nuevos “hombres de azul”.Aquella escena de la mañana del pasado martes 15 de julio era realmente digna de una fotografía institucional; se repite varias veces al año, siempre bajo la mirada curiosa de los ciudadanos, quienes esperan que los nuevos efectivos puedan mitigar el problema número uno para la opinión pública costarricense: la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, una buena cantidad de habitantes viven con la amenaza del hampa a sus espaldas y tienen en su cabeza muy claro que podrían convertirse en sus víctimas.
Las estadísticas así lo afirman: según los datos del Poder Judicial, pese a que el promedio de policías se mantiene rondando los 240 por cada 100 mil habitantes desde 2005, el número de robos, hurtos y secuestros extorsivos ha venido creciendo paulatinamente (ver gráfico).
Lo anterior se calculó sin tomar en cuenta aquellos crímenes que no se reportan ante esa entidad, conocidos como “cifras negras”, que se supone son la mayoría.
Hay muchas razones por las que es inefectivo el mantenimiento o simple incremento en el número de oficiales en la Fuerza Pública. Desde una mala y poca capacitación, pésimas condiciones laborales, o malas confecciones de los partes policiales, hasta bajos salarios y precarios niveles académicos. En resumen, se repite el lugar común “más vale calidad que cantidad”.
Un grupo de expertos explicó a LA REPUBLICA los motivos anteriores, e incluso fueron más allá y enfatizaron la necesidad de revisar y reformar el Código Procesal Penal de Costa Rica para que la función de las fuerzas represivas tenga sentido.
“Hay una sensación aparente de seguridad con nuevos policías en la calle. La pregunta es: ¿están realmente preparados para enfrentarse al crimen? Además, podemos tener un policía en cada esquina que con el mismo esquema procesal penal no se haría mayor cosa”, cuestionó Fabio Oconitrillo, abogado del Bufete Jurisis, al que también pertenece Juan Diego Castro, ex ministro de Seguridad en la administración 1994 – 1998.
En marzo del año pasado estos profesionales de las leyes presentaron un proyecto de ley ante la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa llamado “Proyecto de Defensa Civil” mediante el cual buscan reformar algunos elementos del Código Procesal Penal que consideran “inadecuados” para la realidad nacional.
“Los fiscales del Ministerio Público pueden archivar una denuncia que no les parezca importante. Esto hace que se le atribuya al ciudadano la solución del conflicto y de ahí que estos tomen la justicia en sus manos, además de que empieza a existir un rechazo por el sistema judicial”, ejemplificó Oconitrillo.
Aunque el Bufete Jurisis está de acuerdo con medidas preventivas como incentivar la educación y propulsar la movilidad social, también recalca que es necesario incrementar la cantidad de casos por robos que llegan a juicio (en la actualidad son poco más del 3%) y hacer cumplir las penas, aunque aseguran que su endurecimiento es innecesario, entre otras medidas.
El principal punto en esta discusión no sería el número de policías sino cómo estos realizan su trabajo. Esta es la conclusión a la que llegó Rogelio Ramos, ex ministro de Seguridad durante los dos últimos gobiernos.
A la vez, la lentitud en los tribunales y establecer una medida punitiva acorde con la falta cometida son dos de las respuestas jurídicas que ofrece el antiguo titular de esa cartera.
“Los juicios deben ser más rápidos y se debe permitir la acumulación de acusaciones para ser resueltas en el mismo proceso. Puede haber más policías en la calle, pero si los juicios llevan mucho tiempo y no se condena a quienes se debería, la misma Fuerza Pública se desmoraliza”, comentó Ramos.
Pero en la problemática sobre la delincuencia, la policía es solo uno de los agentes que está fallando. Para Ramos, el que la ciudadanía no presente sus denuncias y abulte las “cifras negras” dificulta la atención oportuna y eficaz ante la acción del hampa.
El hecho de contar con 508 nuevos efectivos debería influir teóricamente en un descenso de la criminalidad en el país, pero la realidad es que esa estrategia pasa inadvertida. Así lo ve Rafael Angel Guillén el ex jerarca de Seguridad, quien agregó que los oficiales no se ven en la calle porque están “acuartelados”.
“Nuestro cuerpo policial es de los menos profesionales, pues estuvo y sigue estando abandonado debido a que las soluciones propuestas no lo satisfacen. Y al estar desatendido es lógico que sienta temor de enfrentar al crimen organizado”, expresó Guillén.
La necesidad de una formación más profunda y extensa en la Academia Nacional de Policía fue otra de las peticiones que hizo el ex ministro, quien también solicitó más reclutamiento, entrenamiento y supervisión que permita hacer un control de calidad a los agentes recién graduados.