(IN)seguridad

(IN)seguridad

La seguridad —nacional, provincial, distrital, residencial o local —, más allá de cualquier asunto de percepción o no, habitualmente no forma parte de nuestros hábitos y siempre vemos cualquier asunto relacionado con esta como algo innecesario.

Empezando por el famoso “a mí no me va a pasar”, la seguridad es tratada como un bien de segunda o como un mal necesario. Es difícil que en los presupuestos de las empresas se le dé al tema la importancia que verdaderamente merece.

Recientemente, en un seminario al que estoy asistiendo, comentaban algunos compañeros que trabajan en una institución pronta a sufrir una transformación muy fuerte que se decidió cortar los recursos del Comité de Riesgo, dado que no “estaba generando nada”. Obviamente se referían a las utilidades de la empresa y, viéndolo fríamente, un análisis de riesgo o un estudio de seguridad no representan ningún ingreso adicional para la compañía sino que, irremediablemente, generará un gasto a futuro.

Mi comentario ante la inquietud presentada fue que, efectivamente, la seguridad no aporta necesariamente un ingreso pero sí colabora, con toda seguridad, a la prevención de pérdidas que, a la larga, salen infinitamente más caras que la inversión inicial o mensual que se haga (en alarmas, seguridad física, etc.).

Muchos de nosotros seguimos creyendo que, por ejemplo, asegurar el vehículo contra robo puede representar un gasto excesivo (que posiblemente baje un poco con la llegada de la competencia), pero no medimos el gasto a futuro que representaría tener que comprar auto nuevamente si nos lo llegaran a robar, si es que tuviéramos la capacidad económica de reponer el bien de forma inmediata.

A nivel del Estado el asunto de seguridad siempre ha sido visto con desdén y, pese a que es uno de los Ministerios con mayor asignación presupuestaria, es tal el desorden legal que regula la administración de los dineros públicos que es constante ver patrullas estacionadas y dañadas, sin posibilidad de reparación por razones presupuestarias. Tenemos, entonces, que recurrir a mendigar patrullas a otros países o, en su defecto, recibir donaciones no sabemos a qué precio posterior.

Como mencioné en una columna hace algunas semanas, en Costa Rica hace (mucha) falta la planificación. Fieles ejemplos de lo anterior son las patrullas que les conté, lo que comenta doña Nuria Marín hoy hace ocho días, la restricción vehicular, la negociación con Japdeva a ver si nos prestan el muelle que es de nosotros, etc. Todo es improvisado, añejo o está tan mal diseñado que lo que terminamos hoy servía para hace diez, 15 ó 20 años.

Nos cuesta planificar, nos cuesta ser previsores. Quisiera imaginarme si la delincuencia en el país (la de verdad, la que se nos está metiendo en serio) no tiene una estructura jerárquica bien elaborada con planes, metas, objetivos, etc., mientras nosotros en algún momento desperdiciamos el tiempo para ver si las bolitas blancas y negras son racistas.

Yo tengo una bolita que me sube y me baja…¡Ay!