Incumplimientos del Gobierno a productores frenan la economía

Los industriales y comerciantes señalan más de 20 deudas que el Gobierno mantuvo durante este año y que consideran poco factible saldar antes de que termine este mandato.

Una serie de incumplimientos del Gobierno estarían frenando la economía del país en términos de crecimiento y competitividad, al tiempo que lo pone en desventaja contra otros de la región.

Contener el déficit fiscal, mejorar la infraestructura, menos trámites para abrir un negocio, limitar la informalidad y facilitar el comercio, son algunos factores prioritarios y que el Poder Ejecutivo no atendió.

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Lo que más preocupa a estos sectores es que algunas de las deudas son pasadas y según ellos la administración Solís Rivera no ha hecho más que patear la bola con estas situaciones.

Para cuantificar los incumplimientos se agruparon en nueve áreas de acción: electricidad, combustibles, comercio exterior, innovación, apoyo a la pequeña y mediana empresa, calidad y mejora regulatoria, talento humano, responsabilidad ambiental, y políticas macroeconómicas.

Tomando en cuenta el desempeño de esas variables, las proyecciones para el próximo año no serían suficientes para atender las necesidades actuales del sector productivo, pues todo apunta a que el incremento del PIB rondaría el 4%, cifra muy similar a la vista en 2017, y que no alcanzó para cumplir los objetivos.

“Aunque hubo crecimiento en producción y exportaciones, estuvo concentrado en Zonas Francas, por lo que los nuevos empleos crecen muy lento; 2018 será un año clave, pues con el nuevo gobierno será prioritario reactivar la industria y mejorar la calidad laboral”, expresó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

El poco apoyo financiero que reciben las pymes es uno de los principales pecados que se le achacan al Gobierno, pues impulsar este tipo de negocios es clave para la recuperación económica.

El sector comercial también alza la voz y expone su punto de vista: durante 2017 ha habido un aumento del 3,3% en sus actividades, el cual es relativamente menor a las expectativas que se tenían en enero.

Lo anterior se debe a un menor gasto en los hogares producto de la desconfianza de los consumidores en aspectos como inflación, tasas de interés y nuevos impuestos.

Aunado a esto, el poco control de aduanas para decomisar mercadería falsificada estaría fomentando que la informalidad y las ventas ilegales aumenten, perjudicando a las empresas que operan conforme a la ley.

De hecho, en el país el 43% de la población ocupada es informal, lo que se traduce en casi 900 mil personas.

Lo anterior junto con conseguir la facilitación del comercio son otras preocupaciones que tiene el sector para el próximo año, el cual es el responsable de casi 257 mil empleos, el 11% de la fuerza laboral, de acuerdo con el INEC.

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Actualmente el país mantiene 14 acuerdos bilaterales que le permiten tener relación con la tercera parte de la población mundial y el 67% del Producto Interno Bruto mundial, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

“No es sano para nadie que en vez de facilitar los procesos cada día haya un nuevo requisito o traba para los comercios; nos hemos reunido con los diputados para hacérselo saber y lograr cooperación en este aspecto”, aportó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la institución.

Para 2018, esta actividad económica creará unos 2.500 trabajos, cifra que sería ligeramente menor a la generada este año.

Entre tanto, y al ver el accionar del Gobierno, tanto el sector comercial como el industrial han puesto en marcha algunas soluciones al respecto, aunque los resultados no se verían en el corto plazo.

Exonerar del impuesto de personería jurídica a las pymes, avances en las reformas a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, la creación del Centro de Formación Empresarial y del Observatorio de Comercio Ilícito, son algunas soluciones que se plantean para esas deudas.

No obstante, estas medidas no solucionarían definitivamente la problemática, pues en el panorama legislativo se asoman otros proyectos que podrían ser contraproducentes para la competitividad del país.

Uno de ellos es el de Impulso al Empleo Joven, el cual obligaría a las empresas a que el 25% de sus planillas tenga entre 17 y 24 años, sin importar su grado académico.

En contraparte, la Ley de Educación Dual, prioridad para estos grupos, está lejos de entrar a discutirse.

Tanto el comercio como la industria iniciarán 2018 con un ojo en sus proyectos y otro en el accionar del nuevo gobierno.