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Sábado, 4 de julio de 2020



COLUMNISTAS


Importante reforma constitucional se aprobó el lunes

Vladimir de la Cruz [email protected] | Miércoles 24 junio, 2020


El pasado lunes el Presidente Carlos Alvarado Quesada firmó una importante reforma constitucional, que favorecerá la gobernabilidad, o gobernanza nacional, y dará mayor impulso a las gestiones que el Poder Ejecutivo proponga al iniciar cada gobierno.

Se trata de la reforma constitucional relacionada con las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del trabajo del Poder Legislativo, de cada Legislatura.

Las Legislaturas son los períodos anuales de trabajo parlamentario que inician cada primero de mayo y terminan todos los 30 de abril. Así la gestión de un Gobierno o de una Administración política se divide en cuatro legislaturas. Por ejemplo, ahora estamos en la tercera Legislatura del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, desde el 1 de mayo del 2020 hasta el 30 de abril del 2021. La cuarta Legislatura es la que inicia el 1 de mayo del 2021 y termina con su gobierno, y da paso a la primera Legislatura del próximo gobierno, que iniciará el 1 de mayo, cuando se instale el nuevo Poder Legislativo, y el 8 de mayo del 2022, cuando asumen los nuevos diputados y el nuevo Gobierno electos en febrero, o abril del 2022.

Estas Legislaturas se dividen en sesiones ordinarias y extraordinarias, de seis meses cada una, pero de meses alternativos, así en la práctica constitucional venía funcionando que el primero de mayo, de cada año, empezaba un período de tres meses de sesiones ordinarias, que terminaba el 31 de julio, iniciaba uno de sesiones extraordinarias durante todo el mes de agosto, seguía otro de sesiones ordinarias desde el primero de setiembre al 30 de noviembre para cerrar el ciclo, con sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril.

En las Sesiones Ordinarias son los diputados y sus partidos, incluido el de gobierno, el que tiene la iniciativa de ley. Esto significa que son ellos y solo ellos los que pueden proponer Proyectos de Ley a conocimiento de los diputados, y en las sesiones extraordinarias, son las que la iniciativa de ley le corresponde al Poder Ejecutivo, lo que significa que en estas Sesiones solo el Poder Ejecutivo puede proponer Proyectos de Ley, a conocimiento y trámite parlamentario de los diputados.

Si el Poder Ejecutivo no envía Proyectos de Ley la Asamblea Legislativa no funciona, porque para estas Sesiones Extraordinarias, es el Presidente es el que convoca las Sesiones Extraordinarias, oficialmente, con la agenda de proyectos que le interesa se conozcan.

Si en trámite parlamentario de Sesiones Extraordinarias el Poder Ejecutivo retira los proyectos, automáticamente se suspenden las sesiones de trabajo legislativo de los diputados. Dos ejemplos fáciles de recordar asociados a grandes luchas sociales y populares. Cuando el 24 de abril de 1970 la Asamblea Legislativa aprobó el Contrato de la ALCOA, esa misma noche el Presidente Trejos Fernández retiró todos los Proyectos Ley en trámite con la intención de suspender las sesiones y desmovilizar a los estudiantes, y pueblo que estábamos en la calle, al frente de la Asamblea Legislativa, y quitarle presión popular a la Asamblea Legislativa. El otro fue cuando se produjo la discusión del COMBO del ICE, en la Semana Santa de 2000. Se aprobaron las reformas e inmediatamente se suspendieron los trámites legislativos por retiro de los Proyectos de Ley, esa misma noche, lo que no impidió que la lucha se mantuviera por tres semanas, en las calles, hasta, que en este caso, se impuso la voluntad popular y se procedió de deshacer, poco a poco, lo que se había aprobado ese día Santo.

La forma como estaba estructurado este sistema de sesiones legislativas no ayudaba mucho al proceso democrático electoral nacional, ni contribuía a su fortalecimiento, debido a que al triunfar un partido político en la campaña electoral en febrero, e iniciar el nuevo gobierno en mayo, se encontraba el nuevo gobierno y el Presidente electo, con que en mayo no podía impulsar ningún Proyecto de Ley asociado a su reciente triunfo, y a lo que el Presidente y su partido habían agitado en la campaña electoral, como parte de sus promesas electorales y de sus planes futuros de gobierno. Y al fallar en este cometido ello contribuía a deslegitimar la elección misma y a perder confianza en el gobernante, y su partido, porque no cumplían con lo ofrecido unas semanas atrás, durante la campaña electoral. Y solo tendrían oportunidad de hacer algo en ese sentido a partir de diciembre, cuando iniciaban las sesiones extraordinarias de cinco meses seguidos, pero ya de manera tardía. ¿Por qué? Porque habían transcurrido desde mayo a diciembre siete meses y la vida política imponía, nuevos temas, nuevos problemas y nueva agenda legislativa, y lo ofrecido en la campaña electoral pasaba a segundo término del Gobierno, y estaba en segundo, tercer o cuarto término del “control político” que ejercen los diputados sobre la gestión de Gobierno.

Si uno sigue el llamado “control político” que hacen los diputados, raras veces, pero excepcionalmente raras, los diputados hacer “control político” sobre lo ofrecido por el partido gobernante el Presidente, ya electo y en funciones, sobre sus incumplimientos de campaña electoral. Lo que se impone en el “control político” es la inmediatez de los asuntos políticos y de gestión pública administrativa. Esto es válido para todos los gobiernos hasta ahora.

En la Comisión de Notables, que instaló la Presidenta Laura Chinchilla, yo sugerí y propuse esta inversión de sesiones parlamentarias, pero agrupándolas en dos grandes períodos de seis meses cada una, empezando por las Extraordinarias. Justo para tratar de resolver parte de estos problemas y darle mayor impulso al gobierno y al Presidente que inicia sus funciones.

El lunes pasado, finalmente, se ha avanzado en este sentido. La Asamblea Legislativa aprobó la Reforma Constitucional, y el Presidente ya la firmó, de invertir las Sesiones parlamentarias, para que cada mes de mayo se encuentre la Asamblea Legislativa iniciando con Sesiones Extraordinarias, desde el primero de mayo hasta el 31 de julio. Digo se ha avanzado porque no aprobaron los períodos concentrados de seis meses para cada grupo de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, tan solo invirtieron el proceso, pero ya es algo.

Esta Reforma Constitucional empezará a funcionar el próximo mes de mayo, de manera que en su fase transitoria, este año y el siguiente, habrá Sesiones Extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril, e inicia, por la actual Reforma, el nuevo período de Sesiones Extraordinarias el 1 de mayo hasta 31 de julio.

Aquí, como en el Gato Pardo, todo cambia para seguir igual, solo que en la transición 2020-2021, el Gobierno tendrá unas Sesiones Extraordinarias largas desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de julio del 2021, que será su mayor empujón como Gobierno y como partido gobernante hacia la campaña electoral del 2022.

Obviamente, el que se favorecerá en el futuro 2022 es el nuevo Gobierno con lo que pueda impulsar, de inmediato, a la asunción del Gobierno en paralelo con lo que se ofrezca en la campaña electoral. Aquí sí va a producirse un cambio.

Aún con la limitación que señalo del mantenimiento fraccionado en 4 partes de las Sesiones Legislativas, celebro y aplaudo la Reforma al Artículo 116 Constitucional. Con esta Reforma será más fácil avanzar después a la de dos grandes períodos sesiones de seis meses cada una. Esa queda pendiente, pero ya es algo positivo.

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