Seis de cada diez discapacitados no encuentran trabajo

¿Igualdad laboral?

En el sector público la legislación obliga a contratarlos, no así en el ámbito privado

Sebastián Moreira es uno de los ejemplos de que todas las personas pueden aportar su trabajo con la misma calidad, sin importar su condición. A los 17 años sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas y con dificultad para movilizar las manos, hoy a sus 35 años tiene cuatro de trabajar para la empresa Hewlett-Packard donde le dieron la oportunidad.
Le diseñaron un programa especial para que pueda teclear, pero a la hora de atender a los clientes en el call center, es igual que cualquier otro empleado.
Sin embargo su caso es distinto al de la mayoría de personas con algún nivel de condición distinta, entre quienes solo seis de cada diez logran obtener empleo.
Aunque la ley prohíbe la discriminación de las empresas al contratar a una persona con capacidades especiales, ninguna norma reprime a los patrones del sector
privado que incurran en discriminación.

Un 10% de la población tiene algún grado de discapacidad y necesita condiciones distintas para obtener un empleo, según el Censo Nacional realizado en 2012. En total son casi 500 mil costarricenses que viven esta realidad.
El problema que enfrentan estas personas es la negativa de los empresarios, por las facilidades que requieren, por lo que son discriminadas.
Esta situación hunde en la pobreza a este sector, pues son más propensos a tener problemas económicos a falta de trabajo, el 31% se encuentra actualmente en estado de pobreza.
La Constitución, la Ley 7600 y convenios internacionales establecen el derecho de todos los ciudadanos al trabajo sin importar las capacidades especiales que puedan tener.
Sin embargo, la legislación no puede obligar a los patronos a hacerlo, y este es el inicio de la odisea para esta población que debe luchar contra grandes empresas para demostrar la discriminación en un tribunal.
El único reglamento que exige a las empresas la contratación del 5% de su planilla es a nivel público, donde los patronos pueden ser sometidos a sanciones administrativas por incumplir.
Por esta razón las denuncias de este tipo en el Ministerio de Trabajo no son comunes y las pocas que se presentan se desestiman por abandono del demandante.
“En ocho años se han presentado máximo 30 procesos por este tipo de discriminación, las personas se cansan de lo extenso que pueden ser los trámites y los dejan”, indicó Eugenio Solano, ministro de Trabajo.
Los puestos de mayor contratación para este sector son los de servicio al cliente, informática, call center y administrativos.
Los patronos privados que contraten personas con capacidades especiales son beneficiados con exoneración de impuestos por concepto de salarios, aguinaldos y planillas en general. En el Ministerio de Trabajo existe una unidad de discapacidad diseñada para atender las denuncias, bolsas de empleo y asesorías.

Angie Calvo
acalvo@larepublica.net