Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 25 Junio, 2018

Humanismo, nacionalismo, refugiados y migrantes

Acaba de presentar el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) su informe “Tendencias Globales” correspondiente a los datos de 2017. Las cifras deben conmovernos y movernos a todos a actuar en la medida de nuestras posibilidades.

Desde la II Guerra Mundial, 2017 es el año en que una mayor cantidad de personas no pueden volver a sus casas: 68,2 millones. Eso equivaldría a que más de cuatro personas por cada 100 familias costarricenses no pudiesen volver a nuestro país. El año pasado se desplazaron 16,2 millones de personas, lo que equivale a una persona cada dos segundos. La gran mayoría de los desplazados está en países no desarrollados.

En ese año 2017 la mayor parte de quienes solicitaron refugio en nuestro país fueron venezolanos (un 50% de las 6.337 nuevas solicitudes presentadas). Las otras personas solicitantes son principalmente de Centroamérica y de Colombia. Muchísimas más personas son inmigrantes legales o ilegales que buscan amparo y construir su futuro en nuestro país.

De no cambiar las crueles condiciones de opresión que tristemente se viven hoy en Venezuela y Nicaragua, el incremento que se produciría en el ingreso de personas huyendo de esos países aumentaría drásticamente. De Nicaragua —por la frontera que compartimos— sin duda mucho del ingreso sería de personas en condición de ilegalidad migratoria, y solo un reducido número plantearía estatus de refugiado.

Mientras en el mundo se dan —y a nosotros nos llegan también— estas durísimas circunstancias producto de las guerras sin sentido, de carencias de los más elementales bienes y de oprobiosas persecuciones y violaciones a los derechos humanos, los países desarrollados viven un periodo de recalcitrante nacionalismo que mueve a sus pobladores en contra de los extranjeros.

En Europa los ingleses aprueban el Brexit principalmente como reacción contra las reglas de libre movilidad de personas de la Unión Europea. En Alemania por primera vez desde la II Guerra mundial llega al parlamento un grupo de nazis, y la canciller Merkel ve amenazada la alianza partidaria que soporta a su gobierno, por la posición radical contra la inmigración de uno de los partidos que la integran. En Italia forman gobierno dos partidos de diferente tendencia populista nacionalista. En Polonia, Hungría y la República Checa gobiernan partidos populistas de derecha con tesis antiinmigración. Holanda y Francia se han visto amenazadas por la posibilidad de que un partido fascista llegue al gobierno. En EE.UU. el presidente Trump quiere completar el muro que lo divida de México, agudiza las políticas antiinmigrantes y contra refugiados, limita el ingreso de ciudadanos de países musulmanes y estuvo cruelmente separando a los niños de sus padres al ingresar ilegalmente.

Ante esta cruel realidad urge la aprobación del Pacto Global sobre los Refugiados que se está negociando en NN.UU. en Ginebra y que busca, con un acuerdo programático, complementar y actualizar el régimen establecido en la convención de 1951. Este Pacto además desarrolla el principio de responsabilidad compartida, ausente en esa convención de 1951.

Quienes sentimos la obligación de respetar a cada persona y a todas las personas por su dignidad, sea esa dignidad originada en razones religiosas, filosóficas, pragmáticas, o en la evolución humana, compartimos una visión de la humanidad como un todo, y no podemos aceptar que las divisiones nacionales puedan permitir a algunos avasallar la dignidad de otros por nacer o vivir allende sus fronteras.

No puede una persona que respete la prioridad de cada ser humano como un fin en sí mismo, y no como un medio para la sociedad ni para nadie, permanecer impasible ante los niños separados cruelmente de sus padres en la frontera de EE.UU., ni ante los náufragos ahogados en el Mediterráneo luchando por alcanzar el bienestar y la seguridad de la costa europea, ni ante los niños enrolados en las luchas fratricidas en África, ni ante las madres desesperadas en los campos de refugiados de Siria, ni ante los rohinyás perseguidos y hasta quemados vivos en Myanmar (Birmania)) por la mayoría budista.

Debemos reconocer que cada país tiene la potestad de imponer sus propias reglas para el ingreso de extranjeros y de ponerlas en práctica. Pero esa potestad y su implementación se debe efectuar de conformidad con las reglas fundamentales de respeto a la vida, la libertad, la dignidad de todas las personas, y observando estrictamente el mayor respeto a los derechos humanos.

No pueden imponerse la mera legalidad formal y los derechos de la autoridad por encima del respeto a la dignidad, la vida y los derechos de toda persona. Si la ley es injusta debe modificarse, no aplicarse para crear injusticia.

Ciertamente debemos respetar las tradiciones locales, las culturas regionales, la solidaridad entre personas de una misma nación. Las personas viven en sus comunidades, no en aeropuertos internacionales, y como lo afirmó el Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Tip O'Neill “toda política es política local”. Por esos motivos son importantes la descentralización territorial de la administración pública, los gobiernos locales, la subsidiariedad, la participación comunal.

Debemos respetar los localismos, pero no debemos permitir que el nacionalismo venza al humanismo.