Huelga de maestros debe ser prohibida, según diputados de Liberación y Unidad

Para evitar que los estudiantes de escuelas y colegios públicos se vean afectados por nuevos movimientos de protesta, los diputados de Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) insisten en que la educación debe ser considerada un servicio público esencial; por lo tanto, los maestros y profesores no podrían irse a huelga.

La aclaración surge varios días después de que el presidente Carlos Alvarado estuviera anuente a cambiar de posición en torno a este tema y considerar al sector educativo, como un “servicio trascendental”, lo que le permitiría a los funcionarios públicos protestar, siempre y cuando dejen un plan remedial.

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“Me parece que el presidente, una vez más, está cediendo a las presiones de los sindicatos. La educación debe ser un servicio esencial para garantizar el fortalecimiento de nuestra educación y no a medias tintas como lo hace dándole ese creativo nombre de trascendental”, dijo María Inés Solís, jefa de la fracción del PUSC.

En estos momentos, el Congreso estudia un proyecto de ley que regularía las huelgas en los servicios públicos esenciales.

Se pretende evitar una huelga similar a la del año pasado, que duró 86 días y generó pérdidas superiores a los ¢138 mil millones, según el sector productivo.

Durante su trámite en comisión, Édgar Mora, entonces ministro de Educación, recomendó a los diputados incluir a la educación en la lista de servicios esenciales.

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“Es lamentable que el presidente Alvarado le zafe la tabla a este proyecto tan importante, cuando su misma administración vino a la Asamblea Legislativa a decir que sí estaba a favor de considerar a la educación como un servicio esencial”, dijo Yorleny León, diputada del PLN y proponente del proyecto.

La iniciativa ya fue dictaminada por la Comisión Especial que la estudió, y se esperara que se debata en los próximos meses, aunque su futuro es incierto.

La definición de una nueva lista de servicios públicos esenciales es rechazada por los sindicatos, quienes defienden su derecho a protestar.

Esto porque, en teoría, los trabajadores que desafíen la ley, sufrirían el rebajo de su salario, e incluso serían despedidos si insisten en mantenerse en huelga.

Se trata de los sectores de salud, seguridad, comedores escolares, educación pública, suministro de combustibles y de agua, entre otros.

“Es una mordaza propia de regímenes dictatoriales, lo cual, no es propio de un país como Costa Rica que ha sido garante de la democracia. Lo primero es quitarle el derecho al pueblo a la voz, al salario justo y después ir privatizando servicios como educación y salud”, dijo Gilberto Cascante, secretario de la Asociación Nacional de Educadores.