Hijos contra padres

Menos jóvenes, más adultos: principal reto en pensiones

Hijos contra padres

Elevar edad de jubilación a 67 años e incorporar inmigrantes al régimen serían soluciones

El principal régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta el problema de la sostenibilidad económica y cuestionamientos sobre la administración del fondo.

Cualquiera de esos problemas o ambos contribuiría a una situación en que los pensionados no recibirán los pagos debidos, sea en 2038 o antes en 2025, dependiendo de quién está haciendo el cálculo.

Existe también la amenaza de que los morosos, entre ellos el Estado, no cumplan en hacer las contribuciones debidas al régimen.

Y a lo anterior se añaden las pérdidas generadas por diferencial cambiario que ascendieron a más de $54 millones en los últimos dos años.

Sin embargo, el principal reto para el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es más básico aún.

Los costarricenses cada vez tienen menos hijos, lo que pone en riesgo al régimen.

En 2010 el índice de natalidad de las costarricenses fue de 16,54 por cada 1.000 habitantes. La tercera tasa más baja de Latinoamérica (después de Chile 14 y Uruguay 13).

Diez años antes la tasa era de 20,69 nacimientos por cada 1.000. Esta tendencia a la baja se ha mantenido durante varias décadas.

Eso implica que cada año hay menos personas trabajando, cuyas contribuciones son necesarias para pagar las pensiones de quienes se están jubilando.

El IVM es sostenido con los aportes de los patronos y los trabajadores. Actualmente cotizan más de 1,3 millones de personas.

En los últimos dos años el número de empleados activos por pensionado bajó de nueve a siete.

Este es un efecto de la crisis global porque entre 2007 y 2009 hubo un decrecimiento en el empleo, lo cual hace bajar los montos de las cotizaciones.

Además el número de trabajadores independientes creció un 55% en los últimos cinco años y estos reportan salarios bajos.

Ante ese panorama, alguien tendría que ganar, y el otro perder. Si los adultos mayores quieren contar con la misma pensión, los jóvenes tendrían que contribuir más.

Sin embargo, es difícil que alguien cerca de jubilarse acepte recibir menos dinero de su pensión.

Mientras, el sector empresarial está opuesto al aumento de la cuota del patrono y del trabajador.

La decisión que vaya a tomarse pasará por una reforma legal que podría no ser ágil, pese a la urgencia de cambios.

Las actuales reservas del IVM son de ¢1.473 miles de millones y se acabarán en 2025 si la situación actual no varía, según un estudio de la Superintendencia de Pensiones (Supen).

El sistema entraría en déficit que fue estimado, a un plazo de 100 años, por el valor actual de la producción nacional, más de $38 mil millones.

Alargar la edad de jubilación es una de las eventuales soluciones. En la actualidad las mujeres se pensionan a los 63 años y los hombres a los 65 años.

La posibilidad de equiparar a todos los trabajadores a los 65 años sería la medida a aplicar.

Hacerlo a los 67 años es otra de las alternativas en análisis, tal como lo decidieron algunos países europeos, en 2010, para salvaguardar sus regímenes.

Otra opción es cambiar las condiciones demográficas, al incorporar a los migrantes al régimen de pensiones, tal como ha sido el caso en Estados Unidos, Canadá y España.

La mayoría de los inmigrantes en el país son nicaragüenses. La estimación más reciente es de un millón de personas, según la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil de las Migraciones.

De estos al menos 200 mil están en situación irregular y la mayoría trabaja sin hacer las respectivas contribuciones al IVM.

Si estas personas fueran regularizadas, la Caja recibiría solo por 150 mil personas, suponiendo que 50 mil sean menores de edad, casi ¢3 mil millones al mes de forma extra solo para el IVM por cuotas obrero-patronales por un salario mínimo de ¢230 mil.

Sin embargo, parece no haber incentivos para la formalización de los trabajadores inmigrantes, dado que aun sin cotizar pueden ser atendidos por los servicios de salud de la Caja.

“Las pensiones hay que darlas, solo que tenemos que decidir si queremos que sea el Gobierno o un sistema solidario y autosostenible como hasta ahora”, explica Pablo Sauma, quien fue miembro de la Comisión de Notables.

El costo administrativo del régimen de pensiones es una de las dificultades que enfrenta la entidad autónoma. Durante 2010 este significó el 20% de la totalidad los gastos.

Cualquier sistema de pensiones consiste en entregar a los pensionados el valor de sus contribuciones, más las utilidades ganadas por las inversiones de estas, menos el costo de administración.

En el caso de la Caja, los gastos de administración han ido aumentando en los últimos años, mientras que los ingresos no lo hacen al mismo ritmo.

Un beneficio del debate acerca de la estabilidad de los fondos, abierto por la Supen, es que podría haber un análisis de la eficiencia del programa.

Incluso para determinar la situación real del IVM habrá un nuevo análisis actuarial.

El estudio será realizado por la Caja, la Supen y expertos de la Universidad de Costa Rica y estaría listo el próximo año.

“Nuestros datos muestran que el IVM es sostenible. Pero haremos un estudio conjunto con la Superintendencia para aclarar la situación y dar tranquilidad al país”, afirma Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS.

La Caja además enfrenta el problema de las pensiones especiales. Muchos de los privilegios fueron aprobados en el pasado mediante negociaciones gremiales y convenciones colectivas.

Empleados del Estado tienen el derecho a pensionarse a una menor edad.

También de recibir una pensión alta, hasta el doble de lo que recibiría un jubilado en condiciones normales, y sin haber cotizado esos montos.

El derecho a las pensiones privilegiadas fue derogado hace una década.

No obstante, los funcionarios que fueron contratados antes de la derogación siguen contando con ese beneficio, lo que pone presión a los fondos de la Caja.

Otro problema consiste en las contribuciones atrasadas, entre estas las del Estado.

La alta morosidad del sistema no colabora con su sostenibilidad.

Por cuotas obrero-patronales hay una deuda que ascendía a más de ¢137 mil millones en 2010, lo que equivale a un 10% de los activos del régimen.

La dificultad es que gran parte de estos recursos son incobrables, dado que son de empresas que solo existen en el papel, no hay nadie detrás.

El Estado tiene una parte de la culpa, pues su deuda a agosto pasado era de ¢52 mil millones.

Por el momento, el Gobierno está cancelando su deuda con bonos, la mayoría de los cuales se harían efectivos en los próximos 20 años.

Sin embargo, se cae en un círculo vicioso porque la Caja es el principal acreedor de deuda pública.

Hasta agosto pasado la entidad descentralizada tenía adquiridos ¢1 millón de millones en bonos estatales.

Esta situación ocurre porque la legislación limita las inversiones que pueden realizarse con los recursos del IVM. La mayoría de los recursos solo pueden invertirse en el Estado.

La opción en este caso es flexibilizar los métodos de rentabilizar esos recursos. La misma Supen tiene varios años de insistir en esa vía, siempre que la supervisión sea rigurosa.

Permitir el uso de más productos de inversión internos y en el extranjero son las posibilidades más mencionadas.

Oscar Rodríguez

orodriguez@larepublica.net