Hallazgos del FEES y el proceso de reconversión de las universidades públicas

Por más de un año, la Asamblea Legislativa instaló una comisión especial para analizar, estudiar e investigar los recursos que el Estado costarricense transfiere a las universidades públicas de nuestro país. La comisión nunca invadió el principio de autonomía universitaria por lo que el estudio se dirigió únicamente al área financiera y no se profundizó ni el currículo ni el formato epistemológico de cada centro de estudio.

La dinámica que se empleó fue la de audiencias y a lo largo de doce meses participaron los órganos oficiales del país como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la República, el Programa Estado de la Nación, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, los Rectores de las Universidades Públicas y las Federaciones estudiantiles.

A continuación, cuatro de los principales hallazgos del estudio:

1-Reforma salarial dentro de las universidades: La partida de remuneraciones creció muy por encima de la inflación y los salarios en las universidades tienden a ser mucho más elevados que los del resto del sector público y privado. En ese sentido, el crecimiento exponencial de las remuneraciones es insostenible en los presupuestos públicos.

Estudios actuariales de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica advierten de una absorción de todos los recursos para el pago de la planilla institucional si no se modifica la política salarial en cada una de estas casas de enseñanza.

Es decir, si los consejos universitarios no actúan de inmediato, cada universidad enfrentará una crisis severa para continuar financiando la operación de las instalaciones, los programas de becas, la investigación y la extensión universitaria. Ante esta realidad, la comisión recomienda la aplicación de la de la regla fiscal para contener el gasto corriente y el título de empleo público de la reforma fiscal para detener el crecimiento exponencial de las anualidades y otros componentes; se mencionó en el informe un especial reconocimiento a la juventud de la FEUNA y FEITEC por su valentía y elevar la voz en contra de las convenciones colectivas y los esquemas salariales de estas dos universidades.

2- Transparencia institucional: El Ministerio de Hacienda reveló que solo el 14% de las compras públicas que efectúan las casas de enseñanza se realizan a través de la plataforma SICOP. A excepción de la UCR y la UNED, las demás instituciones de educación superior adjudican sus bienes y servicios bajo esquemas fuera de este sistema que le generaría ahorros importantes a cada una de las universidades y contribuiría a la sostenibilidad financiera.

En ese sentido, la comisión está recomendándole al Ministerio de Educación exigirle al Consejo Nacional de Rectores la aplicación de esta plataforma en las cinco universidades públicas en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y los rectores.

Asimismo, Hacienda confirmó que la autonomía universitaria no es motivo para estar por encima de la Ley de Control interno que establece mayores indicadores y mecanismos de verificación de cumplimiento de las normativas y procesos de cada una de las instituciones públicas del país. Además se evidenció que las universidades acumulan más de ciento cincuenta y cuatro mil millones de colones de superávit mientras que las sedes regionales enfrentan serios problemas de infraestructura y desigualdades en relación con las sedes centrales.

3- Autonomía universitaria y Equilibrio Financiero: Las universidades se nutren de fondos públicos. Cuando exista colisión y polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 85 de la Constitución Política o el de equilibrio financiero estipulado en el artículo 176 de ese mismo cuerpo legal, debe establecerse con claridad que el segundo tiene prioridad. Por tanto, se impulsa una reforma constitucional para que en adelante quede suficientemente claro que el principio de equilibrio financiero primará sobre el de autonomía universitaria para asegurarle al país que en ningún caso, el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables de la Hacienda pública.

Así lograremos financiar las universidades públicas según la realidad financiera del país y no se seguirá gastando lo que no se tiene, ni endeudando a las próximas generaciones para pagar salarios millonarios y gastos superfluos en tiempos de crisis.

4- Recomendación a los rectores: Durante el proceso de investigación, quedaron demostrados los límites que se están dispuestos a cruzar desde lo interno de las universidades con el fin de ejercer una férrea defensa de los abusivos privilegios. Las diputadas y diputados recibieron ataques sistemáticos por parte del CONARE, gestados con fondos públicos para desprestigiar el trabajo de la comisión. Henning Jensen ex rector de la UCR promovió denunciar a los legisladores por prevaricato, mientras que Alberto Salom se contradijo al denunciar tardíamente la convención colectiva de la UNA y firmar la denuncia contra el Estado para no someter a su universidad a los alcances de la reforma fiscal.

Sin embargo, la comisión continuó su estudio y le solicitó a los rectores ser consecuentes con las metas de estabilidad fiscal del país, mediante el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En el año 2030 los salarios consumirán todos los ingresos corrientes de las universidades públicas y si no se hace nada, cada casa de enseñanza corre el peligro de un default financiero. En ese sentido, se le solicitó a cada Rector asumir su responsabilidad con la sostenibilidad de las universidades, denunciando las cláusulas abusivas dentro de cada una de las convenciones colectivas suscritas en los últimos años.

La comisión legislativa no está antagonizando a las universidades públicas, al contario, reconoce su valor público y su incidencia en el desarrollo económico, social y cultural de Costa Rica. Sin embargo, es urgente que los Consejos universitarios inicien un proceso de reconversión de las universidades públicas para asegurar su funcionamiento y sostenibilidad financiera en los próximos años.

La carencia de espíritu crítico, el vivir alejados de la realidad, la visceral reacción cada vez que aparece una voz crítica y la experiencia en exaltar lo positivo y ocultar lo negativo así como evitar ser sometidos a la discusión de la esfera pública, son los males que las casas de enseñanza superior del país deben de erradicar.

El deterioro de las finanzas públicas a raíz del COVID 19 convierte a la austeridad, la responsabilidad, la eficiencia y la transparencia institucional en conductas exigibles. La comisión comprende que es muy necesario que los que toman decisiones emprendan acciones contundentes en la búsqueda de mayor regionalización y más oportunidades principalmente para la juventud que hoy no logra acceder a la Educación Superior por dificultades geográficas o económicas. El foro además coincidió con la frase del ex Rector y actual ministro de la Presidencia Marcelo Prieto: “O las universidades acaban con los privilegios, o los privilegios acabarán con su autonomía”

Wagner Jiménez

Diputado de la República

Liberación Nacional