¿Hacia dónde vamos en seguridad?

¿Hacia dónde vamos en seguridad?

(Primera parte)

Comprensiblemente angustiados por el crecimiento de la inseguridad y de la criminalidad, muchísimos costarricenses reclaman lo que entienden como inacción policial, cayendo a veces en análisis simplistas. El tema no es meramente policial, ni el Estado puede poner un policía en la espalda de cada costarricense. Muchos factores inciden, y cada quien debe cumplir con su parte en la tarea.

La percepción de inseguridad no es gratuita. La tasa de homicidios ha incrementado en extremos que, para Limón, llega a 36 por cada 100 mil habitantes. Tasa excesiva, si se considera que Colombia, con guerrilla en su territorio, frisa los 50. Homicidios, violencia, asaltos, bajonazos, robos… Amargos frutos del accionar de las pandillas, el sicariato y el gran narcotráfico.

Lo socioeconómico se dimensiona por la geopolítica. Nos encontramos en el epicentro de la ruta principal del tráfico de cocaína. Este problema, ajeno a países como Chile o Nueva Zelanda, afecta a Costa Rica, Guatemala y México. La presencia actual de los carteles mexicanos, en especial el de Sinaloa, genera una problemática donde la democracia costarricense, por primera vez en su historia moderna, se ve amenazada directamente por un enemigo poderoso, descarnado y violento. Son profundas las consecuencias en la flota pesquera del Pacífico nacional o en el crecimiento casi geométrico de la población penal, con reos mucho más desalmados. Con el 70% de la cocaína producida en el mundo cruzando suelo centroamericano, un porcentaje queda localmente, como forma de pago, inundando barrios, ciudades y campos. Este es un factor determinante y constituye el disparador de violencia número uno en el país, el crack afecta todas y cada una de las comunidades urbanas y rurales de Costa Rica. La lucha y su prevención no es solo de la policía sino de las familias y de las organizaciones sociales como las iglesias y entidades estatales como la Caja Costarricense de Seguro Social. La pelea es, por igual, contra los grandes carteles, contra los distribuidores y contra los cientos de narcofamilias que han convertido este delito en su medio de vida.

¿Por qué existen las pandillas? Porque son un fácil instrumento de movilidad social, que no requiere estudios especializados ni mayores esfuerzos, salvo lealtad sin mácula hacia los superiores y violencia ilimitada para ejecutar sus órdenes.

Otro gran reto es la impunidad. Los criminales violentos y los miembros del crimen organizado aprovechan la suavidad del sistema para salir impunes. La policía arresta a algunos de ellos hasta 100 y más veces y, como en una puerta giratoria, por un lado entran acusados formalmente, con pruebas, y pocas horas después salen libres, para continuar atropellando a los inocentes. Las víctimas de esta violencia inaceptable han sido hasta ahora los grandes invisibles en el proceso penal. Su voz clara, reclamando justicia, ha calado en los últimos tiempos, y espero que el estamento político la atienda, decidiéndose a balancear de una vez por todas el proceso penal, para que la víctima tenga al menos igual peso que los criminales.

¿Qué debe hacerse? El país tiene una gran ventaja: los jerarcas de las policías preventivas y judicial, así como los fiscales del Ministerio Público están celosa y entusiastamente comprometidos en la pelea, aun a riesgo de sus vidas.

Ya se comienzan a ver resultados. En algunos lugares las tasas de delitos contra la propiedad muestran tendencia a la baja, con reducciones de hasta el 17%, lo cual representa un logro de la implementación del plan de distritalización policial, que el Ministerio de Seguridad Pública ha tomado como estrategia principal para acercar la policía directamente al pueblo. Esto requerirá un esfuerzo comunal, colaborando con la construcción de la obra civil requerida, cuyo costo ronda los ¢20 millones. El Ministerio aporta material de transporte y personal calificado. El aspecto más importante es la rendición de cuentas, instrumento mediante el cual la comunidad organizada puede y debe supervisar el accionar policial.

Ex Viceministro de Seguridad Pública