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Guerra por más de ¢66 mil millones en incentivos

Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 25 enero, 2016




No se sabe cómo terminará la guerra de los incentivos otorgados a los trabajadores de varias instituciones autónomas mediante las convenciones colectivas, cuyo costo en 2015 ascendió a ¢66 mil millones solo en los casos de CNFL, Recope, Japdeva y AyA.
La Aresep y Controlaría actualmente arremeten contra los incentivos de CNFL, Japdeva y Recope, al rechazar la solicitud de incluir su costo en las tarifas de los servicios regulados que se cobra a los usuarios.
De mantenerse esta situación, las autónomas enfrentarían pérdidas, ya que las convenciones colectivas son obligaciones legales entre las partes.
Pero en este caso, no queda claro cómo las autónomas pagarían las pérdidas, al no poder variar los presupuestos, sin ser amonestados por la Contraloría posteriormente, mientras el Gobierno tampoco estaría obligado a sufragar el sobresueldo.
Una posibilidad es que los sindicatos acepten una reducción en los beneficios; sin embargo, una solución de ese tipo no parece probable, de acuerdo con las declaraciones de los líderes gremiales, que preparan recursos legales y amenazan con ir a la calle.
Otro escenario posible es que los beneficios queden congelados, mientras los juicios resuelven los derechos de las partes.
La decisión del binomio Aresep-Contraloría de frenar las convenciones se basa en una sentencia de 2012 del Tribunal Contencioso Administrativo, en la que se prohibió a Japdeva aumentar las tarifas para financiar uno de los reclamos del sindicato, al considerar que los derechos de los usuarios y consumidores prevalecen sobre los de los trabajadores.
Las convenciones colectivas están protegidas por la Constitución Política en su artículo 62.
El AyA todavía no ha sido cuestionado, mientras el ICE y el INS no han sido afectados por la disputa, aunque tengan convención colectiva.
El ICE de hecho ha tomado varias medidas de contención de gastos, ya que debe enfrentar una competencia en el mercado telecom.
Lo mismo podría suceder con el INS, cuya convención vence este año.







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