Bruno Stagno

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Lunes 27 Febrero, 2012


Guatemala en la encrucijada

El Presidente Otto Pérez Molina de Guatemala ha propuesto la despenalización de las drogas, iniciando un debate en Centroamérica que difícilmente tendrá resultados concretos. Aunque no soy un proponente de la despenalización entre muchas otras razones, me incomoda profundamente que una sociedad no pueda encontrar una solución que no implique legitimar un negocio que no aporta ningún bien, no quisiera debatir el fondo de la cuestión sino traer a colación el rol que Guatemala puede jugar si quiere enfrentar en serio este mal regional.
Unas semanas antes del anuncio del Presidente Pérez Molina, un distinguido exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, postuló la conveniencia de debatir si existía una responsabilidad de proteger a la población de la violencia generada por el crimen organizado transnacional. Concretamente hizo alusión a las alarmantes tasas de homicidio que padecen algunos países centroamericanos, superando en total de muertes anuales a muchas guerras de baja intensidad. Stein estaba participando en la conmemoración del décimo aniversario del lanzamiento de la responsabilidad de proteger, la cual establece que la comunidad internacional tiene el derecho de intervenir en aquellas situaciones en que las autoridades nacionales son “irresponsables” al cometer o no defender a la población de violaciones masivas o sistemáticas a los derechos humanos.
Lo interesante del caso es que mientras el Presidente de Guatemala propone un debate sobre despenalización, el exvicepresidente sugiere un debate sobre la responsabilidad de proteger aplicada al crimen organizado transnacional. Como exintegrante de la comisión que ideó esta norma emergente del derecho internacional, Stein entiende que su invocación puede implicar, como último recurso, el uso de medidas coercitivas, incluyendo la fuerza armada. El ejemplo más evidente y reciente de la responsabilidad de proteger llevada a la práctica en este sentido, es la operación de la OTAN sobre Libia para proteger a los civiles entonces asediados por las fuerzas del difunto Coronel Muammar Gadafi. Dicha operación fue expresamente autorizada por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En el caso de Centroamérica, no es necesario recurrir al uso de la fuerza armada. Pero, como indiqué en dos columnas anteriores (10 y 24 de octubre, 2011), aún podemos recurrir a medidas que pueden tener un efecto disuasivo sobre los líderes de los carteles y otras entidades delincuenciales que están desangrando a la región. Entre otras, podemos apelar al Consejo de Seguridad para que adopte órdenes de captura, impedimento de viaje y congelamiento de cuentas bancarias y otros activos financieros a título individual como un primer paso hacia la puesta en marcha de la responsabilidad para proteger. Desde el 1° de enero pasado, Guatemala integra el Consejo de Seguridad, desde donde puede jugar un rol determinante para lograr la imposición de tales medidas.

Bruno Stagno Ugarte