Graves peligros amenazan nuestras libertades fundamentales por varios flancos

Parece un ataque concertado. Los proyectos de ley de Extinción de Dominio; Marco para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia; del Deber de Denunciar y Declarar en Casos de Maltratos y Abusos Contra Menores de Edad; y Responsabilidad de Personas Jurídicas sobre Cohecho se tramitan en la Asamblea Legislativa. Los cuatro enuncian nobles propósitos, pero son instrumentos que un gobierno podría fácilmente utilizar para conculcar los derechos esenciales de los ciudadanos y para avasallarnos.

¿Se trata de una acción pactada para ese fin? No lo parece. Rara vez son verdad las teorías del complot, como el esfuerzo diseñado por una o un grupo de personas para obtener un fin de dominación social mediante diversas acciones engañosas y mal intencionadas. Generalmente se trata, más bien, de acciones de diferentes actores no planeadas ni convenidas expresamente entre ellos. Más bien lo que se da es que espontáneamente se van sumando los actos de diferentes individuos o grupos, que tienen rasgos semejantes, en razón de un clima cultural prevaleciente, o para aprovechar las circunstancias creadas por una acción previa similar. Lo viví hace 15 años cuando ante la persecución de unos pocos en mi contra se unieron otros que querían sacar provecho de la coyuntura y de mi debilidad circunstancial, o temían que los ataques a mi honra los pudiesen contaminar.

En este caso el origen de los bien intencionados proyectos es muy diverso: un diputado del PLN y diputados de cuatro diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa anterior; un diputado actual y el Poder Ejecutivo actual del PAC. Ello evidencia la ausencia de un premeditado y concertado ataque a las garantías básicas de nuestro estado de derecho. Pero todos ellos implican graves peligros para que el ciudadano pueda ejercitar sus derechos fundamentales a la libertad, a la propiedad, al debido proceso.

Sobre el tema de extinción de dominio hace dos años, el pasado diciembre y en estas últimas semanas he externado las razones de sus graves inconvenientes, y recientemente lo ha hecho la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica.

Respecto al proyecto de ley marco contra la discriminación es altamente preocupante la falta de tipicidad en el establecimiento de delitos, lo que puede llevar -como ya ocurre en países hermanos- a encarcelar a disidentes políticos y a cercenar la liberta de pensamiento y de prensa.

El proyecto de ley de obligación a denunciar abusos contra menores expresamente pretende eliminar el respeto al secreto de la confesión. Se trata de una grave y evidente violación a la libertad de religión, que es inoperante pues el confesor no tiene necesidad de saber la identidad del penitente, ni los detalles materiales de su pecado. Pero podría operar como una herramienta de persecución contra los sacerdotes católicos que defiendan las libertades de sus pueblos, como evidentemente lo hacen en hoy en Venezuela y Nicaragua y lo hicieron ayer, frente a gobiernos de otra ideología, en El Salvador.

El último proyecto de ley al que he hecho referencia, pretende, en contra de nuestro sistema jurídico definido por la constitución e interpretado por la Sala IV, establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas. Y al hacerlo incurre en vicios que podrían poner en peligro el debido proceso y el derecho de propiedad.

A pesar de la diversidad del origen de estas iniciativas legislativas, sin duda los peligros para las libertades esenciales que ellas encierran tienen un mismo origen en dos concepciones ideológicas.

Una, es la cultura estatista de ingeniería social, que cree posible y necesario regular toda la conducta humana de manera impositiva. Es la visión que en sus extremos lleva al totalitarismo para imponer a las personas las concepciones sociales del grupo dominante. Frente a esta visión se levanta la realidad del progreso político, económico y social basado en la libertad, los intercambios de personas independientes, la descentralización, la participación, los avances graduales y evolutivos. Progreso que por prueba y error ha venido generando las reglas generales de conducta justa que evolucionan en la historia, muy mayoritariamente prohibitivas, y que el sistema jurídico adopta -pero no inventa- para regular la convivencia.

Otra es la concepción ideológica que no aprecia el desarrollo paulatino y difícil que las sociedades democráticas hemos venido desarrollando. Desarrollo que ha venido construyendo las instituciones del estado de derecho. Y que el afán constructivista torpemente pretende dejar de lado, sin apreciar su importancia para una convivencia civilizada.

No caigamos en la trampa de debilitar nuestro estado de derecho en aras de iniciativas bien intencionadas, que no dimensionan la gravedad de sus posibles perjuicios. Seamos humildes. Reconozcamos nuestra ignorancia e incapacidad de diseñar institucionales perfectas. No debilitemos el estado de derecho que con tanto esfuerzo humano se ha venido construyendo.