Gran poder de magistrados pone en riesgo la independencia judicial: Estado de la Justicia
Estudio alerta que al concentrar tantas responsabilidades, surge el riesgo de incidir hacia lo externo y externo del Poder Judicial
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La alta concentración de poder que reúnen los 22 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica representa un peligro para la independencia judicial, advierte el Tercer Informe del Estado de la Justicia, presentado recientemente.
El estudio alerta que, al tener la magistratura tanto poder y al depender todo el resto del conglomerado judicial de la magistratura, surge un alto riesgo tanto a la independencia externa como interna.
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Pensando en un escenario externo, se advierte que en caso de surgir un líder autoritario que quiera cooptar a la Corte Suprema de Justicia, solo necesitaría poner diez u once magistrados para que le controlen todo el resto de la institucionalidad.
Y en cuanto a la independencia interna, al tener la potestad de nombrar y sancionar a los jueces o, visto de otra forma sencilla, de castigar y premiar, genera el riesgo de presiones internas en la administración de justicia.
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Eso pone en riesgo uno de los principios de la democracia y es el derecho ciudadano de tener un juez neutral que resuelva los casos sin presiones, advirtió Evelyn Villareal, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Justicia.
El término magistrado-céntrico se debe a la concentración de la mayoría de funciones por parte de la magistratura, detalla el Estado de la Justicia.
Por ejemplo, la Corte es la encargada de desarrollar las ideas nuevas, los nuevos códigos, las nuevas políticas y las iniciativas administrativas pasa por la aprobación de ellos, destacó Villarreal.
“Este Poder Judicial concentra mucho poder, tienen funciones jurisdiccionales, pero además tienen funciones administrativas, se meten a ejecutar cosas del día de la institución y funciones políticas”, agregó coordinadora de investigación del informe.
El Informe Estado de la justicia es un estudio que se hace en convenio entre el Estado de la Nación y el Poder Judicial, que es un ejercicio de rendición de cuentas de este poder de la República.
