González: "Mi deber es decir que está mal"
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Sábado 05 noviembre, 2011
Empresas le han dicho a ministra de Comex que se irían
González: “Mi deber es decir que está mal”
Perspectiva fiscal de mandataria podría estar equivocada, dice jerarca
“Como Ministra de Gobierno encargada de la cartera de Comercio Exterior e Inversión, mi deber es decirles a ustedes lo que tengo que decirles, no lo que quisiéramos oír. Así es como mejor sirvo a la señora Presidenta y al país”.
Con estas palabras y una fuerte crítica al paquete tributario que impulsa la mandataria Laura Chinchilla, Anabel González, ministra de Comercio Exterior, se opuso rotundamente al establecimiento de impuestos a las empresas acogidas al régimen de zonas francas, en su comparecencia ante la comisión especial que estudia dicho proyecto de ley.
A pesar de que no quiso entrar en polémica con Chinchilla sobre lo que es más conveniente para el país, González es del criterio que la mandataria ve la situación fiscal desde otra perspectiva, la cual podría ser la equivocada.
Por otra parte, reconoció que durante las últimas semanas varias empresas, algunas de ellas de gran tamaño, le manifestaron que en caso de que se aprobara dicho gravamen se irían del país.
“Costa Rica enfrenta un problema fiscal muy importante, el cual debe atenderse pues la estabilidad macroeconómica es indispensable para generar crecimiento. La realidad, sin embargo, es que la propuesta de reforma al régimen de zonas francas no contribuye a paliar el problema fiscal, mientras que sí impacta nuestra capacidad de atracción de inversión, en un momento de crisis internacional en que debemos redoblar esfuerzos”, indica González.
La feroz competencia con otros países por atraer capital extranjero, la inestabilidad del clima de negocios y la eventual fuga de inversión foránea, así como la pérdida de miles de empleos, son las razones por las cuales González se opone al establecimiento de impuestos a las empresas bajo dicho régimen.
Durante su exposición ante dicho foro legislativo, González enumeró los supuestos peligros de gravar a ese sector de la economía.
En ese sentido, manifestó que en otros países como México, Israel o Irlanda, los gobiernos más bien dan incentivos fiscales, económicos e incluso terrenos o edificios totalmente construidos, con tal de atraer la inversión extranjera.
“Ya se ha señalado expresamente por las autoridades fiscales del país que son otros componentes del proyecto fiscal, no este, los que generarían los recursos para atender el déficit fiscal, mientras que sí puede impactar negativamente el empleo y la inversión”, indica González.
El paquete tributario impulsado por la Presidenta de la República y el Partido Acción Ciudadana, establece un gravamen del 15% sobre las utilidades a las empresas que se instalen o reinviertan en las zonas francas a partir de 2015.
Asimismo, autoriza a las municipalidades para que cobren a dichas compañías, gravámenes sobre los bienes inmuebles en sus respectivos cantones hasta por $100 mil al año.
La posición de González es diametralmente opuesta a la de la presidenta Chinchilla, quien ha defendido a capa y espada el proyecto tributario que dará al Gobierno ¢400 mil millones anuales.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Perspectiva fiscal de mandataria podría estar equivocada, dice jerarca
“Como Ministra de Gobierno encargada de la cartera de Comercio Exterior e Inversión, mi deber es decirles a ustedes lo que tengo que decirles, no lo que quisiéramos oír. Así es como mejor sirvo a la señora Presidenta y al país”.
Con estas palabras y una fuerte crítica al paquete tributario que impulsa la mandataria Laura Chinchilla, Anabel González, ministra de Comercio Exterior, se opuso rotundamente al establecimiento de impuestos a las empresas acogidas al régimen de zonas francas, en su comparecencia ante la comisión especial que estudia dicho proyecto de ley.
A pesar de que no quiso entrar en polémica con Chinchilla sobre lo que es más conveniente para el país, González es del criterio que la mandataria ve la situación fiscal desde otra perspectiva, la cual podría ser la equivocada.
Por otra parte, reconoció que durante las últimas semanas varias empresas, algunas de ellas de gran tamaño, le manifestaron que en caso de que se aprobara dicho gravamen se irían del país.
“Costa Rica enfrenta un problema fiscal muy importante, el cual debe atenderse pues la estabilidad macroeconómica es indispensable para generar crecimiento. La realidad, sin embargo, es que la propuesta de reforma al régimen de zonas francas no contribuye a paliar el problema fiscal, mientras que sí impacta nuestra capacidad de atracción de inversión, en un momento de crisis internacional en que debemos redoblar esfuerzos”, indica González.
La feroz competencia con otros países por atraer capital extranjero, la inestabilidad del clima de negocios y la eventual fuga de inversión foránea, así como la pérdida de miles de empleos, son las razones por las cuales González se opone al establecimiento de impuestos a las empresas bajo dicho régimen.
Durante su exposición ante dicho foro legislativo, González enumeró los supuestos peligros de gravar a ese sector de la economía.
En ese sentido, manifestó que en otros países como México, Israel o Irlanda, los gobiernos más bien dan incentivos fiscales, económicos e incluso terrenos o edificios totalmente construidos, con tal de atraer la inversión extranjera.
“Ya se ha señalado expresamente por las autoridades fiscales del país que son otros componentes del proyecto fiscal, no este, los que generarían los recursos para atender el déficit fiscal, mientras que sí puede impactar negativamente el empleo y la inversión”, indica González.
El paquete tributario impulsado por la Presidenta de la República y el Partido Acción Ciudadana, establece un gravamen del 15% sobre las utilidades a las empresas que se instalen o reinviertan en las zonas francas a partir de 2015.
Asimismo, autoriza a las municipalidades para que cobren a dichas compañías, gravámenes sobre los bienes inmuebles en sus respectivos cantones hasta por $100 mil al año.
La posición de González es diametralmente opuesta a la de la presidenta Chinchilla, quien ha defendido a capa y espada el proyecto tributario que dará al Gobierno ¢400 mil millones anuales.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net