Gobierno Judicial presenta limitaciones para atender demandas de eficacia y transparencia

La estructura del Gobierno Judicial presenta limitaciones para poder atender las demandas planteadas por la ciudadanía con eficacia y transparencia, según el último informe Estado de la Justicia.

Existe una jerarquía vertical que acumula la toma de decisiones políticas y administrativas en la Corte Suprema de Justicia.

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El informe documento señala que la delegación de funciones en el Consejo Superior promovida por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1993, no implicó una cesión de poder real por parte de la Corte.

Existen tres factores por los cuales las labores administrativas siguen ocupando una parte del trabajo de los magistrados. En primera instancia, la normativa reservó para ese órgano importantes funciones de gobierno y gestiones administrativas, como presupuestos, nombramientos y sanciones.

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En segundo lugar quienes presiden los consejos y las comisiones de trabajos temáticos y jurisdiccionales son los magistrados, y en tercer lugar, mediante la figura del avocamiento se puede conocer cualquier asunto de la agenda del Consejo Superior.

Dentro del informe además se determinó que la concentración del poder político de la corte Suprema de Justicia, representa un riesgo para la independencia judicial interna y que la Comisión de Nombramientos del Congreso elige aspirantes a las magistraturas sin los estándares de selección internacionales.

Aunado a esto se destaca que a pesar que las estadísticas judiciales de Costa Rica están entre las más robustas de América Latina, los distintos sistemas de información del Poder Judicial tienen problemas de calidad y oportunidad.

Por lo tanto frente a estos complejos desafíos, el informe finaliza indicando que se requiere una dirección clara y estratégica para profundizar en los avances y trabajar en las fallas detectadas.