Fusión de instituciones que plantea Rodrigo Chaves eliminaría bono de la vivienda, según Contraloría

Si avanza la fusión de instituciones del sector vivienda que plantea el presidente Rodrigo Chaves, ese programa social para los más pobres sufriría un gran retroceso.

Y es que el tradicional bono de la vivienda sería eliminado, advirtió Marta Acosta, contralora general de la República.

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Esto, al derogar la ley 7052; la cual, origina el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), que es la unidad ejecutora del Bono Familiar de Vivienda.

El mandatario, propuso unificar el Ministerio de la Vivienda, el INVU y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) el año pasado.

El objetivo, es ahorrarle recursos al Estado y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Para el gobierno, la fusión de esas tres instituciones en un ministerio llamado Territorio, Hábitat y Vivienda, implicaría un ahorro anual de unos ¢8 mil millones, al eliminar duplicidades de funciones.

“En cuanto al personal, si hay redundancias trataríamos de hacer movimientos horizontales entre las instituciones del Estado para proteger el empleo, pero también es cierto que lo importante es bajar costos y aumentar la eficiencia”, dijo el presidente Chaves al presentar el proyecto.

Sin embargo, la decisión tendría un alto costo de oportunidad.

“Al derogar íntegramente la normativa, se eliminan mecanismos para la obtención de vivienda rural o urbana y se pone en riesgo la continuidad de los programas vigentes, para poner solo un ejemplo de la ausencia del enfoque a la ciudadanía”, advirtió Acosta.

La advertencia la hizo la funcionaria en la comisión legislativa de Modernización y Reforma del Estado este jueves.

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Anteriormente, la alerta la había hecho Dagoberto Hidalgo, gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda, quien se opuso a la iniciativa del gobierno.

“El proyecto de ley deja perdidas esas conexiones y si se deroga la ley se pierden los programas y el Bono Familiar de Vivienda (…) Se trata de la eliminación de un capítulo que regula el otorgamiento de los subsidios que se deja perdido en la construcción del proyecto, automáticamente deja de existir en la vida jurídica”, añadió el gerente del Banhvi.

Si Costa Rica desea reactivar la economía, generar riqueza y generar más y mejores fuentes de empleo, el gobierno de Chaves está obligado a fusionar las instituciones del sector vivienda y así mejorar su eficiencia, según la Cámara de la Construcción.

Y es que además de duplicidad de funciones, no hay una rectoría clara, a la vez que se eleva el gasto.

Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda las remuneraciones que se pagan a los funcionarios, consumieron un 42% del presupuesto, a la vez, que otras dos instituciones con sus respectivas planillas, también gestionan ayudas sociales para la construcción de casas para las familias de escasos recursos. 

Para el 2022, se presupuestaron ¢2.443 millones para el pago de salarios en el ministerio, mientras que el presupuesto anual asciende a poco más de ¢5.700 millones.

Por otra parte, el (Banhvi y el IINVU invirtieron en 2021 ¢3.696 millones y ¢3.508 millones respectivamente, para el pago de sus trabajadores, según los informes de ejecución presupuestaria de la Contraloría.

Asimismo, esas dos instituciones suman casi ¢35 mil millones en ingresos que no se invirtieron el 2021.