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(Video) Fabricio Alvarado: “Promesa de Rodrigo Chaves de vetar ley de empleo público es para atraer votos de funcionarios”

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 24 febrero, 2022 11:45 a. m.


abricio Alvarado, diputado electo de Nueva República. Archivo/La República.
abricio Alvarado, diputado electo de Nueva República. Archivo/La República.


La promesa que hiciera Rodrigo Chaves, candidato de Progreso Social Democrático de vetar la ley de empleo en caso de ganar la presidencia, no es otra cosa que un intento de “endulzar a los empleados estatales de cara a la segunda ronda”, según Fabricio Alvarado, diputado electo de Nueva República.

En una entrevista con LA REPÚBLICA esta mañana, Alvarado calificó la medida de populismo.

“Se trata de una propuesta direccionada para ganar votos del sector público. Es cierto que no es la mejor propuesta, pero no creemos necesario retrasar la discusión, ya que se avanzó mucho en estos últimos cuatro años (…) Es evidente que él trata de endulzar al votante del sector público, sobre todo, al considerar que anteriormente se había manifestado favorable al proyecto”, dijo Alvarado.

Al filo de la tarde del martes, y durante una reunión con sindicatos del sector salud, Chaves se refirió a tal posibilidad.

“Esta ley se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no la pensaron bien. Yo creo que esa ley no va a pasar y, si pasa, habría que vetarla, porque mi interés es renegociar con el FMI con medidas que tienen que ver con reducir la evasión, yo propuse el primer sistema digital de Hacienda para mejorar la evasión en Costa Rica; mejorar el sistema de exenciones, no a las zonas francas”, dijo Chaves.

La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

El proyecto de empleo público ya había sido votado en primer debate, pero los magistrados de la Sala IV lo declararon ilegal, por lo que los diputados volvieron a aprobar la iniciativa una vez más en diciembre.

En el sector público hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.



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