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Lunes 11 Junio, 2012

Excedentes de Aresep

En el artículo anterior (LA REPUBLICA, 1/6/12) expusimos cómo Aresep obtiene ingresos excesivos de sus usuarios; un incremento igualmente galopante en sus gastos; y cómo a pesar de ello, no logra gastar ni el 50% de sus ingresos, por lo que termina devolviendo miles de millones de colones de excedentes a los entes regulados.
LA REPUBLICA ha publicado ahora un desglose de la composición del gasto de Aresep. No obstante tener una planilla muy bien remunerada, por cierto de 243 empleados en diferentes departamentos, este ente paga varios miles de millones de colones a asesores externos (abogados, informáticos, laboratorios) por concepto de “consultorías”. La Aresep justifica estas consultorías en que “muchas de las cosas que contratamos, no estamos en capacidad de hacerlas, pues tendríamos que generar primero ese conocimiento o comprar esos recursos técnicos. La planilla paralela crece principalmente, porque esta organización no se ha desarrollado al nivel que se necesita de complejidad y especificación. Si se quiere hacer todo dentro de la casa y recortar las consultorías, habría que mejorar el recurso humano existente”.
Además de la pregunta obvia que salta a la mente con esa explicación (si el personal de planta carece del conocimiento específico que se requiere, ¿por qué se le paga mejor que en el resto del Estado?), las implicaciones de esta “planilla paralela” van más allá de la mera superfluidad del gasto. Aparte de los principios que regulan a toda administración pública, un ente regulador tiene dos que le son implícitos: la independencia y la experticia.
Según Joseph Stiglitz, la independencia de los entes reguladores restringe la discrecionalidad del gobierno para tomar decisiones en determinadas áreas, toda vez que se delegan las responsabilidades de tomar esas decisiones en cuerpos independientes, normalmente compuestos por expertos.
La experticia está íntimamente relacionada con la independencia del ente, pues implica que su conocimiento lo resguarda de la captura por parte de los operadores privados, de la captura inversa por parte de los usuarios y de la captura por parte de los propios poderes políticos, esta última practicada cuando los gobiernos buscan fijaciones tarifarias con intereses electoreros o incluso con el fin de arruinar a un operador privado para adjudicar el servicio a otro operador, o bien para provocar una re-estatización del servicio público. Independencia y experticia son, pues, elementos esenciales que limitarán sustancialmente la influencia de intereses extraños, susceptibles de teñir las perspectivas del ente regulador.
En la Aresep urge una transformación total. Su personal de planta debe contar con los recursos y los conocimientos necesarios para ejercer una regulación de primer orden. El dinero para ello sobra, literalmente. Las contrataciones externas a terceros, sujetos privados o públicos, opacan la transparencia e imparcialidad de la información que recibe Aresep para tomar decisiones que son críticas para los consumidores de servicios públicos.

Mauricio Brenes