Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 30 Julio, 2015

Eso de llevar a referéndum la suerte de la ley de empleo público, es excusa para que quienes tienen que hacerlo no tomen el toro por los cachos

De cal y de arena
Evasión de deberes

Someter a referéndum un proyecto de ley sobre empleo público… ¿Y por qué no hacerlo también con la definición de la matriz energética, o con la desbordada autonomía del Banco Central capaz de reducir a lo simbólico la opinión divergente que pueda sustentar respecto a la agenda del instituto emisor quien salió electo por mayoría de la voluntad popular Presidente de la República, o hacerlo también con los contenidos de la atracción de la inversión extranjera?
¡No! Porque en uno y otro caso es una propuesta insensata. Hay competencias claramente delineadas para que cada órgano especializado del Estado asuma la tarea de concretar el rumbo y los contenidos de la acción pública de su competencia.
En el caso del proyecto de ley sobre empleo público, es la Asamblea Legislativa la que debe decidir la suerte de la iniciativa, sin renunciamientos de responsabilidades que —en caso de acogerse la fórmula de la consulta al electorado nacional— agravarían la atrofia del funcionamiento del Estado a niveles peores de los que ya registra.
La atrofia evidenciada en esa postración técnica que genera exasperación e induce a tomar atajos sin salida, más bien debe encararse con sentido realista y sobre la base de una plataforma de acción multipartidista en cuya procuración el principal actor tiene que ser el Presidente de la República. ¿O es que vamos a seguir con la judicialización de la política y con la delegación del poder en la Sala Constitucional simplemente porque el Legislativo y el Ejecutivo rehúyen responsabilidades?
¿O cruzados de brazos ante el secuestro de la capacidad de legislar por grupos minoritarios, de igual modo que lo hace la burocracia anclada en sus feudos presentes en toda la maraña institucional dispuesta a boicotear la iniciativa de las jefaturas?
La inmediatez de importantes problemas no debe extraviarnos ni olvidar que hay grandes tareas reformadoras pendiente en los capítulos de la Constitución Política relativos a la estructura, competencias y funcionamiento del aparato público, del mismo modo que está a la espera la reforma de fondo del reglamento interno de la Asamblea Legislativa y el ordenamiento del farragoso mundo de las autonomías.
No hay, sin embargo, el liderazgo político necesario para acometer estos desafíos realmente de mayor cuantía que solo podrán abordarse cuando surja la conformación de una plataforma multipartidista con capacidad de convocatoria. Vivimos sin liderazgos, con partidos políticos desprovistos de confiabilidad, con agrupaciones gremiales de uno y otro pelaje aferradas a defender su mundo de privilegios hasta con el sabotaje, y con un comando de gobierno que ha dilapidado el caudal político que se le confió en las urnas. Así, atorado como está el aparato público llamado a decidir la suerte de la sociedad costarricense, fácil somos víctimas de un sentimiento de frustración, también de desesperación, que empuja a la proposición de emprendimientos que no resuelven el fondo de los problemas; solo los posponen. Como eso de llevar a referéndum la suerte de la ley de empleo público, excusa para que quienes tienen que hacerlo no tomen el toro por los cachos.

Álvaro Madrigal