Estas son las dudas más comunes sobre el aguinaldo y lo que debe hacer en cada caso

El aguinaldo es una obligación legal en Costa Rica y debe entregarse antes del 20 de diciembre, después de esa fecha se considera como incumplimiento a la ley. Este derecho aplica para todas las personas trabajadoras del sector público y privado. 

Su cálculo incluye salarios ordinarios y extraordinarios recibidos entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso, dividido entre 12. 

También suma las “bonificaciones, horas extras y cualquier otro extremo de naturaleza salarial; por eso es esencial que los empleadores lleven un registro detallado y transparente de los ingresos”, comentó Sammy Mauricio Pérez Matamoros, docente de Derecho de la Universidad Fidélitas.

Dado que cada año surgen dudas sobre retrasos, diferencias en el monto o deducciones, el abogado Pérez responde las principales consultas y aclara qué debe hacer el trabajador en cada escenario:

1. ¿Qué hacer si no pagan el aguinaldo a tiempo?

Si el empleador no cumple el plazo, el trabajador puede denunciar ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Además, se puede solicitar judicialmente el pago del aguinaldo y la terminación del contrato con todos los derechos laborales correspondientes.

2. ¿Qué pasa si el monto que depositan no coincide?

El MTSS ofrece calculadoras gratuitas para verificar el monto, puede consultarlas en este enlace.

Si se detectan diferencias o deducciones sin justificación por ley, el trabajador puede acudir a las oficinas del Ministerio para gestionar una denuncia.

3. ¿Una persona tiene derecho a aguinaldo si renuncia, la despidieron o tiene contrato temporal?

Este derecho es irrenunciable. Toda persona trabajadora tiene derecho a un aguinaldo proporcional, calculado con los meses y días efectivamente laborados, sin importar la causa de la salida.

Cumplir con esta normativa no es solo un deber, sino una forma de fortalecer la relación laboral y la confianza mutua. Pérez concluye que “la planificación y la transparencia son esenciales para evitar conflictos y garantizar el respeto de este derecho”.