España prepara plan B por Brexit para proteger vuelos turísticosv

España tendrá un plan de contingencia para proteger su industria turística de cualquier alteración en los viajes aéreos provocada por el Brexit, independientemente del resultado de las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, dijo Jorge Toledo, secretario de Estado de Asuntos Europeos.

Las aerolíneas tienden a hacer sus planes de vuelo con un año de anticipación, por lo que España todavía tiene alrededor de cuatro meses para ver si será necesario un plan de contingencia, dado que el Reino Unido planea abandonar la UE en marzo de 2019, dijo Toledo en una entrevista en Madrid.

"Si no hay un acuerdo, entonces tendremos un plan B listo, sería necesario trabajar en una solución europea, pero también en una solución nacional", dijo Toledo.

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Dado que las negociaciones sobre la salida de Gran Bretaña están estancadas, España está tomando medidas para proteger una industria del turismo que atrajo a 18 millones de británicos el año pasado.

El máximo ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, advirtió en agosto que las aerolíneas "pondrán el grito en el cielo" el próximo año si no se llega a un acuerdo amplio sobre aviación para evitar que se cancelen los vuelos desde y hacia el Reino Unido como resultado del Brexit.

Rabobank estima que la economía del Reino Unido perdería cerca de 400 mil millones de libras ($530 mil millones) del producto hasta el 2030 si el país termina fuera de la UE sin un acuerdo sobre su futura relación comercial.

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Hasta ahora, los bancos han liderado los preparativos para una salida desordenada del bloque comercial que podría resultar en el traslado de decenas de miles de empleos en el sector financiero al resto de Europa y miles de millones en costos de mudanza.

Autoridades españolas como Toledo se están ocupando de enfatizar la importancia de los lazos comerciales con el Reino Unido.

Si bien España apoya plenamente al negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, un colapso de las negociaciones sería perjudicial para España debido a los vínculos turísticos y comerciales, y al papel que desempeñan empresas españolas como Banco Santander SA e Iberdrola SA en la economía del Reino Unido.