Solís retrasa hasta después de mayo planes para atacar déficit fiscal

Escándalos en el Congreso frustraron nuevos impuestos

Gobierno prefiere impulsar ruta 32 y planes de infraestructura

Debido a que el ambiente político en el Congreso es sumamente convulso, Luis Guillermo Solís decidió postergar para después de mayo los proyectos tendientes a cobrar nuevos impuestos.

El mandatario tomó esta decisión para no perder el tiempo ni complicar más las cosas en Cuesta de Moras, en momentos en que hay una ambiciosa agenda de infraestructura que sí podría salir adelante antes de finalizar las sesiones extraordinarias.
En principio, Solís pretendía mandar el plan de nuevos tributos a inicios de año, sin embargo, los acontecimientos fueron postergando su decisión hasta aplazarla definitivamente.
La renuncia de Ronal Vargas como diputado del Frente Amplio por un supuesto caso de acoso sexual, así como la denuncia que hizo Ana Lorena Brenes, procuradora general, de que el Gobierno le ofreció una embajada en Europa a cambio de su dimisión, hicieron que los diputados se concentraran en el control político y con ello, se olvidaron del déficit fiscal.
“Desde que regresamos del receso de fin de año, el Congreso entró en una dinámica de control político que definitivamente ha consumido tiempo valioso. En ese sentido, el mandatario ha entendido que no es viable mandar un proyecto fiscal en este momento por lo convulso de la Asamblea”, dijo Javier Cambronero, subjefe de fracción del PAC.
Estos episodios  complicaron las relaciones entre la Presidencia y los diputados y por eso, el Presidente prefiere esperar para proponer la sustitución del tributo de ventas por el impuesto al valor agregado (IVA), el cual, pasaría de un 13% a un 15%.
El otro proyecto en la agenda de tributos que quiere Solís es la renta global que cobraría un gravamen a las ganancias generadas fuera del país.
El objetivo de los nuevos gravámenes es reducir el déficit fiscal, el cual se genera por las diferencias entre los ingresos y gastos del Gobierno central.
Al finalizar el año pasado, se estimó en un 5,6% del PIB, lo cual empujó hacia arriba la inflación y las tasas de interés de los préstamos y las tarjetas de crédito.
Si el país no atiende esta situación, ese índice seguirá creciendo y con ello Costa Rica perderá grados de inversión y competitividad.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR