¿Es posible una modificación de la canasta básica?

Ecoanálisis: Color del mercado

Heyteem Estrada

Se ha discutido hasta el cansancio acerca de si la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es regresiva o no. El Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas (IICE) de la UCR ha sido contundente en afirmar que esta reforma tiene componentes regresivos y progresivos, no obstante, en su conjunto el segundo elemento supera al primero.

Ahora bien, sobre el componente regresivo más debatido, a saber, el cambio del impuesto de ventas actual a un impuesto sobre el valor agregado; se conoce que la aplicación de este sobre la canasta básica a una tasa diferenciada del 1% ha sido uno de los principales motivos de resistencia, y una de las banderas sobre las cuales se quiso justificar la huelga en el sector público, que sigue sin llegar a su fin.

Paralelamente a estas discusiones, en el discurso del señor José Cordero, director del IICE, hay un detalle que es interesante mencionar, y que parece no se le da la importancia que amerita. El señor Cordero explica que la canasta básica como tal puede ser revisada para efectos de la aplicación de este impuesto, pues dentro de la lista de bienes que la componen, hay muchos de ellos que son consumidos en su mayoría solamente por personas pertenecientes a los quintiles más altos de ingresos.

A partir de esa premisa, ¿será posible hacer una reconformación de la canasta básica alimentaria?

Existen muchos economistas que opinan que esto es necesario, su rigurosidad no es homogénea, pero hay un debate acerca del tema en muchos círculos. En primer lugar, cabe señalar que una decisión de este tipo no requiere un proceso tedioso en la Asamblea Legislativa, basta con la firma de un decreto ejecutivo por parte del Presidente de la República para que sea un hecho.

Teniendo esto en consideración, ¿por qué no se efectúa?

Puede haber varias respuestas. Primero, no es para nada popular tomar una decisión en la cual se recorte una canasta básica con el fin de que sean más bienes a los cuales se les aplique un impuesto del 13% en lugar del 1% que se sugiere. Después, para efectos técnicos, la contabilización de las variaciones de los precios de la canasta actual sirven como indicador del Índice de Precios al Consumidor (IPC), medida básica de la inflación; recomponer la cartera de bienes implica un ajuste en el cálculo de las ponderaciones utilizadas por el INEC, lo cual puede ser costoso.

Pues bien, este tema se vuelve importante en una situación como la actual, ante la necesidad imperiosa del Gobierno central por recibir ingresos frescos, se puede pensar en una recomposición “urgente” para efectos tributarios, sin la imposición de una nueva clasificación. En otras palabras, usar las herramientas de investigación apropiadas para tener certeza de los bienes que los quintiles más bajos definitivamente no consumen, y buscar más recursos por esta vía. Es un hecho que esta propuesta difícilmente tenga buena recepción, pero resulta ser una de tantas alternativas que deben pensarse, especialmente considerando la posibilidad de que la Ley 20580 no pase su prueba de fuego en la Sala Constitucional.

Sumado a lo anterior, es importante pensar en soluciones que complementen las acciones del BCCR para mitigar una devaluación abrupta del tipo de cambio, esto pues el efecto traspaso que este tiene sobre el nivel de precios puede llegar al punto en que supere incluso el 1% de IVA que se plantea. Si el BCCR logra este cometido, la necesidad de recaudar del gobierno no desaparece, es deber de los especialistas seguir pensando en opciones sin dejar de lado la protección de las personas más vulnerables.