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En un mercado abierto, para que todo funcione bien, deben existir regulación adecuada y entidades eficientes para vigilar su cumplimiento en beneficio de la población

Entre la incertidumbre y la injusticia

Estimular el funcionamiento de una economía de mercado abierta, como se hizo en Costa Rica, exigía, simultáneamente, la preparación de los diferentes sectores nacionales para que pudieran enfrentarla con éxito, como lo hemos dicho reiteradamente en este espacio.
Pero no se hizo y, por ello, esos sectores y las mismas dependencias del Estado, que tampoco se reestructuró, no están debidamente preparados para enfrentar la apertura con éxito. Esto ocasiona innumerables problemas que afectan a los costarricenses de diversas formas.
En el caso que hoy nos ocupa, los consumidores deberán seguir, por el momento, pagando más por algunos enseres porque aunque el gobierno haya multado a Electrodomésticos Mabeca —que apeló la decisión— por haber adquirido la firma nacional Atlas, y luego incrementar significativamente los precios de esos bienes, no hay obligación de parte de la empresa de reducir los precios.
Es decir, las cosas no funcionan bien. En materia de regulación las autoridades competentes no actúan en defensa de los legítimos derechos de los consumidores. Esto no es aceptable. En un mercado abierto, para que todo funcione bien deben existir regulación adecuada y entidades competentes y eficientes para ejercer vigilancia sobre su cumplimiento.
Por otro lado, el sector empresarial también debe tener reglas claras para actuar, de modo que no tenga que padecer problemas en medio de alguna incertidumbre. No obstante, una vez establecidas las reglas del juego, estas deben acatarse y las autoridades están en la obligación de supervisar su cumplimiento en defensa de los consumidores.
En el caso de la empresa mexicana Mabe, luego de que esta adquiriera las operaciones locales de Atlas en 2008, aumentó el precio de las cocinas de bajo costo en casi un 30% sin explicar la razón de ese importante incremento.
El gobierno le impuso por ello una multa, pero ese monto pasaría a las arcas del gobierno y no se emplearía en resarcir a los consumidores afectados por el hecho.
¿Cuándo se emprenderán las importantes tareas pendientes para poner al país en verdaderas condiciones de actuar en el mercado abierto que hoy tenemos?
Empresas y entidades estatales deben accionar en un marco muy claro para garantizar un libre comercio que fluya sin incertidumbres y una población que se beneficie de ello. De lo contrario, todo es un sinsentido.
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