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Miércoles 25 Febrero, 2009

¡En honor a la verdad y la justicia!


El 19 de febrero, la Sala Constitucional notificó a la Asamblea Legislativa un recurso de amparo en el que se reclama justicia ante la violación de mis derechos fundamentales y se solicita mi reinstalación en el cargo de contralor general de la República. Esta batalla jurídica se inició hace cuatro años. Bastó que se notificara esa solicitud para que se pusieran de nuevo en marcha la amenaza y el miedo, los instrumentos propios del totalitarismo y la represión política. Solo así se puede comprender el chantaje moral que se me hizo en los medios de comunicación colectiva al amenazarme con que si no se retiraba el recurso de amparo, yo sería despedido de mi puesto de asesor legislativo.
Ni el chantaje, en cualquiera de sus dimensiones, ni el acoso laboral, son propios de las personas de bien; el chantaje y el acoso, además de ser detestables, atentan contra la justicia, los derechos humanos y la democracia. Contra ese tipo de perversidades jamás voy a dejar de luchar.
Fue la propia Asamblea Legislativa, la que, el pasado 26 de enero, tomó un acuerdo en el que declaró que fui destituido de mi cargo de contralor general de la República sin justa causa y la violación de mis derechos humanos. En ese mismo acuerdo jurídico la Asamblea sentenció que a mí me quitaron “por nada”.
Los costarricenses deben conocer que ese pronunciamiento lo hizo la Asamblea Legislativa en cumplimiento de una orden del Tribunal Contencioso Administrativo. No fue un acto simbólico, ni un regalo de los dioses del Olimpo. La Asamblea Legislativa se pronunció a mi favor en cumplimiento de un mandato de un juez de la República; pero también porque la Asamblea Legislativa verificó que mi hoja de vida está limpia, en el sentido de que nunca he sido sancionado desde el ámbito ético, disciplinario y penal por el Colegio de Abogados, la Dirección de Notariado y los Tribunales de Justicia.
En ese contexto, mediante una carta que dirigí al Presidente del Congreso, manifesté que si la Asamblea Legislativa “anulaba” el acto de mi destitución, yo renunciaba a todos los derechos que pudiere tener por lo que resta del periodo para el cual fui nombrado originalmente. Sin embargo, a pesar de que la Asamblea reconoció que fui destituido por nada, no acogió mi ofrecimiento: la Asamblea no anuló el acto de mi destitución y al no hacerlo me liberó de mi compromiso moral. Esa y nada más que esa es la verdad. Está por escrito en una carta que le envié al Presidente de la Asamblea Legislativa. Yo no fallé a los diputados, fueron ellos los que escogieron otro camino.
Algunos se han sorprendido de que se hiciera del conocimiento de la Sala Constitucional el acuerdo legislativo del pasado 26 de enero. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué esperaban? La Asamblea Legislativa me masacró en todas las dimensiones posibles de esa palabra, y ahora que declaró mediante un acto con plenos efectos jurídicos que fui destituido por nada pretenden que me quede callado, de brazos cruzados, como si nada hubiese pasado. Llevo cuatro años peleando por la justicia, los derechos humanos, la independencia de la Contraloría y el Estado de derecho; y ahora no voy a desistir, a pesar del chantaje y el acoso laboral y sicológico.
Los costarricenses deben enterarse de que una vez que la Asamblea tomó el acuerdo legislativo que enmendaba el error histórico de mi injusta destitución, lo comunicó al Tribunal Contencioso-Administrativo. Entonces, ¿por qué, si la Asamblea puede hacer del conocimiento de dicho Tribunal el referido acuerdo, a mí se me chantajea y condena por hacer lo mismo?
¡Vaya estúpido privilegio!

Alex Solís
Abogado constitucionalista