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Avance permite inicio de cuatro carreteras que el país ha esperado por décadas
En dos años se expropiaron 1.117 terrenos

• Proceso ha costado ¢20 mil millones aportados por el Conavi

Eduardo Alvarado
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El camino empedrado que han enfrentado en las últimas décadas las expropiaciones de terrenos en lugares estratégicos para desarrollar proyectos de infraestructura parece allanarse. Esto si el Estado logra mantener el ritmo que lleva hasta hoy.
Entre 2006 y 2008 ha logrado sumar 1.117 terrenos a su patrimonio mediante el pago de ¢20 mil millones.
Se trata de propiedades indispensables para el avance de cuatro proyectos viales, dos de ellos otorgados en concesión y los otros que desarrollará el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Se trata de las rutas a Caldera y a San Ramón, así como la nueva carretera de San Carlos y la Costanera Sur.
Solo en este último caso, para 2006 hacía falta concretar la compra de 400 propiedades de las que en este momento ya se adquirieron 300, unas 100 están en proceso avanzado de adquisición y de ese centenar hay cinco absolutamente vitales para no detener las obras.
Sin embargo, no todos los proyectos caminan al paso deseado. Tal es el caso de la Circunvalación Norte, el aeropuerto Juan Santamaría y la Radial a Heredia, que pese a su importancia para el país llevan décadas en espera de adquirir las tierras.
En cuanto a la ruta a Heredia todavía deberán comprarse franjas de terreno desde el lugar donde funciona la fábrica Pozuelo en la Uruca hasta esa provincia. Los trazados están, parte del dinero también y el que falta se tomaría del empréstito pendiente del Banco Interamericano de Desarrollo para infraestructura, dijo Karla González, ministra de Obras Públicas y Transportes.
Los avances en el tema de expropiaciones logrados hasta el momento demuestran que no se trata de un asunto de leyes, pues la base legal no ha cambiado.
“Los cambios han sido de personas, no de leyes”, adujo González.
Se le suma a ese aspecto la ayuda que reciben de la Corte Suprema de Justicia luego de varias reuniones sostenidas con jerarcas de ese Poder. También se ha contado con una importante ayuda y colaboración de la Procuraduría General de la República, aseguró la Ministra, para quien de no haberse logrado el cambio de ritmo, aún todo seguiría caminando poco.
En casos como el de la concesión de la autopista a Caldera, la actual administración encontró que aunque solo faltaba por materializarse una expropiación, los cambios de diseños por factores como trazado, suelos u otros, obligaron a incluir 86 nuevos lotes por comprar.
En Costa Rica el tema se rige por la Ley de Expropiaciones, cuya más reciente modificación dio un gran respiro a la obra pública, puesto que da la posibilidad al Estado de tomar la propiedad una vez que se pague y el juez dictamine la posesión del bien por parte de este.
Con ello, si el expropiado no está de acuerdo con el precio puede proseguir su lucha legal para intentar conseguir montos mayores; sin embargo, en ese ínterin la propiedad quedará libre y no se paralizan las obras.
Es precisamente el caso que se vive actualmente con el Hogar Magdala en Escazú, un asilo de ancianos al que ya se le depositó el dinero en el cual se valoró la propiedad, pero los dueños insatisfechos acudieron a la Sala Constitucional. Es un caso en el que priva también la conciencia social y humana —señaló la Ministra— para explicar por qué no se actúa en ese caso.
Sin embargo, la Ley de Expropiaciones está lejos de ser la idónea y todavía contiene artículos que parecieran fuera de lógica. Aquel propietario de un terreno del que no posea plano catastrado, tendrá la ventaja adicional de que el propio MOPT es el que se encargará de elaborar el plano requerido.
Por si fuera poco, la misma entidad correrá con el proceso de inscribirlo en el Catastro Nacional.
El ejemplo es muestra de algunas de las modificaciones a la Ley sobre las que el Gobierno actualmente elabora propuestas para su variación.
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