Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Las cargas sociales de Costa Rica son de las más altas que se registran dentro de los países que integran la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), generando un gran costo para las empresas y los profesionales independientes que dificulta la creación de empleo formal y la inversión,
La organización, en su informe más reciente de marzo de este año, recomendó una serie de medidas, por ejemplo, eliminar los costos que no tienen relación alguna con la seguridad social.
Y es que los patronos destinan un 7,25% de las cargas sociales para financiar instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Una serie de instituciones se financian con estos recursos entre los que sobresalen:
| Institución | Aporte patronal |
|---|---|
| Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares | 5,00% |
| Instituto Nacional de Aprendizaje | 1,50% |
| Instituto Mixto de Ayuda Social | 0,50% |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 0,25% |
| Total | 7,25% |
“Esta estrategia es regresiva e ineficiente para financiar esas instituciones, ya que obstaculiza la formalización y al mismo tiempo, erosiona la base tributaria”, evidencia el organismo.
Por este motivo, se recomienda que se eliminen la contribuciones financieras al Banco Popular, ya que actualmente es una entidad financiera madura e integrada a los mercados financieros y también que el Instituto Nacional de Aprendizaje y Fodesaf se financien gradualmente con el presupuesto general.
El promedio de cargas sociales para los países de la OCDE es de 13%, sin embargo, los patrones costarricenses pagan el doble llegando 26,5%.
Al eliminarse las cargas sociales que no tienen con la CCSS, los patrones quedarían pagando un 19% que todavía es alto, pero “sería beneficioso para el país”, apunta el organismo.
Tener cargas tributarias tan altas afecta la competitividad empresarial y limita la contratación y la atracción de inversión extranjera directa. Además, aumenta la informalidad laboral.
“Es preocupante que 45 personas de cada 100 no cotice, ni tribute por estar en la informalidad y entonces hay que hacer una cirugía de corazón abierto, pero principalmente a las cargas sociales que recaen sobre los patronos ya que bajarles ese monto, les daría más oxígeno para aumentar su competitividad y contratar”, destacó Daniel Suchar, analista financiero.
Otro de los aspectos que se aconsejan es aprobar una reforma legal a la ley constitutiva de la Caja.
No obstante, en este tema hay que tener mucho cuidado para no pasarse de la raya.
“En este sentido no constituye un asunto fiscal, ya que las cargas sociales se entienden como cargas parafiscales. Para la Caja, que es el ente activo de recepción de dichos fondos básicamente implica la reducción de recursos para atender las prestaciones de servicios médicos y la sustentabilidad del régimen de pensiones del sistema IVM, ambos aspectos en franco deterioro en la actualidad, por lo que, de bajarse las cargas sociales habría que replantear los costos de administración de la institución y hacer más eficientes tanto la prestación de servicio de atención médica y las pensiones con cargo al régimen de la seguridad social”, aseguró Carlos Camacho, abogado tributario del Grupo Camacho Internacional.
El otro aspecto tiene que ver con nivelar la cancha entre los trabajadores independientes y los asalariados.
“Esto es primordial, porque hoy en día los profesionales independientes pagan aproximadamente 19% de cargas sociales, suma que es desproporciona. Además, es necesario crear reglamentos, procesos y procedimientos que mejoren el control, la gestión y sobre todo el debido proceso ante la Caja”, destacó Raymundo Volio, abogado tributario de Actualidad Tributaria.
Si se bajan las cargas sociales, se proyectaría una mayor inversión del sector privado local, lo cual aumentaría la cotización de la CCSS y mejoraría las oportunidades de atraer empresas foráneas.
“Hemos sido insistentes desde hace años en la necesidad de reducir las cargas sociales. Cuando tenemos responsabilidades tan altas, obviamente para muchas empresas es difícil incluir a sus empleados en la seguridad social. Bajar las cargas sociales sería una buena forma de promover la formalidad, que sigue siendo muy baja en Costa Rica”, destacó Ricardo Carvajal, asesor económico Cámara de Comercio.
Los empresarios y abogados tributarios destacan beneficios de hacer los cambios recomendados por la OCDE.
Nogui Acosta
Ministro
Hacienda
Sin duda alguna este es uno de los principales problemas del país, pero hay que entender que por un lado hay que bajar las cargas sociales, pero también aumentar la carga tributaria para poder sustituirla.
Carlos Camacho
Abogado tributario
Grupo Camacho Internacional
Los beneficios para la economía de bajar esas cargas serían en primer lugar la reducción de los costos y gastos de las empresas en lo que respecta a las cuotas patronales y a los trabajadores respecto de las cuotas obreras. Esto implicaría un aumento en la competitividad de las empresas a costa de la necesidad de una reestructuración sustancial de las entrañas de la seguridad social del país.
Carlos Montenegro
Director Ejecutivo
Cámara de Industrias
Las cargas sociales que se pagan son las más altas de la región y el alto costo del recurso humano se convierte en un elemento que contribuye significativamente a explicar la alta informalidad que caracteriza el mercado de trabajo en Costa Rica.
Para la pequeña industria, la competencia de empresas informales (que no pagan cargas sociales o impuestos) es un factor que también incide en forma importante en su capacidad de competir.
Katty Murillo Sandi
Gerente de Servicios Administrados
RSM Costa Rica
El país enfrenta un desafío significativo al tener una de las cargas sociales más elevadas entre los países de la OCDE.
Esto impacta la competitividad, la generación de empleo formal y la atracción de inversión extranjera.
Se deben tomar medidas prioritarias como una reforma estructural al sistema de seguridad social, revisar los regímenes de exenciones y beneficios fiscales, para asegurar que sean progresivos, proporcionales y vinculados al desempeño económico y social de los sectores beneficiados.
Ampliar la base contributiva, fomentar la formalización del empleo mediante cargas sociales más razonables para mipymes, emprendimientos y sectores vulnerables o informales.
Melissa Segura
Abogada tributaria
Independiente
No es un secreto que las altas cargas patronales incrementan los costos del empleo formal en el país, y aunque podría pensarse que estas cargas van destinadas en su totalidad a financiar la seguridad social, esto no es así.
Muchos de estos recursos se asignan al financiamiento de instituciones. Esta estrategia de asignación de recursos es regresiva e ineficiente, ya que obstaculiza la formalización, por el alto costo que supone y erosiona con ello la base tributaria. Es por ello, que el propio informe es claro en señalar que deben realizarse cambios en esas cargas. Aunado a ello, el estudio de la OCDE ha sido claro en recomendar la implementación de una reforma al sistema de pensiones con miras al establecimiento de una pensión universal que cubra a todas las personas de la tercera edad.
Raymundo Volio
Abogado tributario
Actualidad Tributaria
La solución a este problema consta de medidas puntuales: equiparar las contribuciones entre los asalariados y los profesionales independientes, crear reglamentos, procesos y procedimientos que mejoren el control, la gestión y sobre todo, el debido proceso ante la Caja.
Hoy día encontramos mucha arbitrariedad, desigualdad y falta de procedimientos tributarios. Resulta absurdo que los tributos como los que gestiona la Caja no cuenten con reglamentos idóneos para aplicar la materia.
Carlos Wong
Presidente
Asociación de Zonas Francas
Estos altos costos, sumados con otras variables operativas, como lo son los precios de la energía, ejercen presión sobre las operaciones de las empresas y la capacidad del país para atraer inversión extranjera.
Consideramos esencial que Costa Rica continúe promoviendo un entorno empresarial más competitivo y costo-eficiente. Impulsando políticas que favorezcan la innovación, la eficiencia energética y un equilibrio entre la protección social y el fomento de la inversión.
Estas son algunas de las recomendaciones de las cámaras empresariales y otros actores, para mitigar el impacto de las cargas sociales en la competitividad.
