Empleo y bienestar fuera del GAM

Jonathan Prendas

Diputado Nueva República

Las zonas francas son motores de desarrollo y sus servicios nos dan prestigio mundial. Constituyen una de las actividades que sostienen la economía del país, aportan casi el 8% del PIB, dinamizan el mercado local y en medio de la crisis ocasionada por la pandemia continuaron creando nuevos puestos de trabajo.

La gran mayoría de las inversiones y actividades productivas de las empresas de este régimen se llevan a cabo en el Gran Área Metropolitana; por eso es necesario crear instrumentos que incentiven a más compañías a asentarse en otras zonas geográficas del país, a fin de llevar empleo y desarrollo allende la Meseta Central.

Ese es el objetivo del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 22.607, iniciativa que está cerca de convertirse en ley y que es de suma importancia en vista de las difíciles condiciones de vida que experimentan miles de costarricenses en las zonas rurales. La Encuesta Nacional de Hogares publicada por el INEC el año pasado, reveló que en esas regiones del país la pobreza se mantuvo en un elevado 26,3%.

Los datos muestran rezagos y diferencias según el área geográfica. A manera de ejemplo, la región Brunca registró un aumento significativo de un 7% en la cantidad de hogares pobres (se situó en 33,5%) y la pobreza extrema alcanzó el 10,2%, lo cual representó un incremento de 4,3 puntos porcentuales.

El proyecto, que cuenta con el decidido respaldo de Nueva República, pretende también combatir la informalidad laboral, fenómeno especialmente sensible fuera del GAM y que alcanzó al 43,9% de la población ocupada del país en el trimestre comprendido entre agosto y octubre del 2021.

Llevar fuentes de trabajo a estas poblaciones no solo significa formalizar a muchos costarricenses y mejorar su calidad de vida, sino que también es una herramienta para fortalecer el erario público. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la formalización del empleo le permitiría al Estado percibir más de 50 mil millones de colones anuales por concepto de impuesto sobre la renta.

Desarrollar nuestras zonas rurales tendrá un efecto incluso en el fortalecimiento de nuestra democracia. En las elecciones recién pasadas, Costa Rica registró un abstencionismo superior al 40%, el más alto desde 1958, circunstancia que se agrava fuera del GAM y que está muy relacionada con el nivel socioeconómico y educativo de los electores.

Cantones rurales que no figuran en los primeros lugares del índice de desarrollo humano, tuvieron un enorme abstencionismo. Con el 88% de las mesas escrutas, se determinó que el 58% de la población empadronada en La Cruz, Guanacaste, no votó; le siguieron Golfito (57%), Corredores, Garabito (55%) y Talamanca (54%). Otros cantones con más del 50% fueron Quepos, Puntarenas, Parrita, Buenos Aires, Coto Brus, Carrillo, Santa Cruz, Matina, Limón, Siquirres y Upala.

Un estudio realizado en la década de 1990 determinó que las poblaciones más vulnerables son más reacias a votar. Investigadores del Programa Estado Nación han explicado que el alejamiento a las urnas es particularmente visible en un corredor geográfico que comparte problemas comunes como pobreza, escasa oferta de servicios, desigualdad y desempleo.

Los beneficios de las zonas francas están más que comprobados; ahora lo que corresponde es extenderlos fuera del GAM para democratizar el bienestar, el empleo y el desarrollo en todo el país.