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Martes, 24 de mayo de 2022



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Empleo público, campaña electoral y FMI

Albino Vargas Barrantes redaccion@larepublica.net | Viernes 25 febrero, 2022

Albino

En las más que sensibles temáticas del déficit fiscal, del empleo público y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la corriente sindical en la cual militamos, ha tenido posiciones sumamente claras que, al calor de la campaña para las elecciones presidenciales de segunda ronda, del domingo 3 de abril de 2022, conviene puntualizar.

En primer lugar, logramos demostrar que el déficit fiscal nunca ha sido responsabilidad de los salarios devengados por las personas trabajadoras empleadas en el sector Público. Ni siquiera, en los casos, (muy pocos, por cierto), de remuneraciones salariales que se consideran abusivas y exageradas.

La abrumadora mayoría de quienes laboran para el Estado devengan salarios que no pueden considerarse “de lujo”, llegándose a extremos de tener sectores de empleados públicos que apenas ganan el mínimo de ley. Por otra parte, los salarios del grupo profesional o técnico, tampoco pueden considerarse como abusivos sino, medianamente, decentes.

Las verdaderas causas del déficit fiscal son otras. Por ejemplo, la prevalencia en el tiempo de un sistema tributario totalmente injusto y perversamente corrupto, por una parte. Todo el mundo acepta que la evasión fiscal y la elusión tributarias en Costa Rica son exageradamente elevadas.

Por otro lado, y derivado de ello, se generó un proceso de endeudamiento público que ha llegado a extremos insostenibles, considerando, por ejemplo, el abusivo pago de intereses, en cantidades escandalosas cada 24 horas.

El sistema de exenciones-exoneraciones tributarias, también ha jugado un nefasto papel para que la situación fiscal del país esté en un punto tan crítico.

Desde un principio, en tal marco de circunstancias, hemos realizado una férrea oposición a las concepciones ideológico-políticas que han generado el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336; iniciativa que, aparte de las grandes aberraciones jurídicas que contiene, no aporta absolutamente nada desde el punto de vista de corregir o atacar las causas estructurales del déficit fiscal. Por el contrario, generará más injusticias.

Con ocasión de la campaña para las elecciones presidenciales de segunda ronda, del próximo domingo 3 de abril, enviamos una nota, con fecha 14 de febrero, a los señores José María Figueres Olsen y Rodrigo Chaves Robles, conteniendo una serie de aspectos sobre las cuestiones político-sociales y económicas del momento, según nuestra perspectiva obrera.

Precisamente, en el aspecto titulado Empleo Público, indicamos lo siguiente:

“Desechar el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336; y, establecido el nuevo Gobierno, instalar un diálogo social real, no caricaturesco, con las organizaciones obrero-sociales y productivo-empresariales más relevantes”.

Al momento de la publicación de este artículo en este prestigioso medio de comunicación que es La República, hoy viernes 25 de febrero, ninguno de los citados señores, ha respondido la nota que se le envió desde la corriente sindical en la cual militamos.

De lo que ha sido de conocimiento público en el tema en cuestión, mediante notas de prensa, lo que tenemos a disposición acerca de las posiciones de ambos sobre el tema de Empleo Público, es lo siguiente: A) El Sr. Figueres está de acuerdo en que se le dé segundo debate al indicado proyecto 21.336, indicando que después de puede “corregir”. B) El señor Chaves indica que tal proyecto debe ser vetado.

ANEP estima que en ninguno de los dos casos es posible dar certeza absoluta de viabilidad política.

Por el contrario, señalamos que ninguna de las dos propuestas electorales finalistas está planteando, con absoluta seriedad, cómo se va a manejar los asfixiantes compromisos de atención de la deuda pública que, desde el primer día del nuevo gobierno, promedialmente hablando, implicará una erogación de casi 7 mil millones de colones, cada 24 horas.

Como vemos, no está el asunto del empleo público en el centro del gravísimo problema fiscal nacional. Esa es la conclusión según nuestros análisis y, por supuesto, con perspectiva obrero-social.










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