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Miércoles, 28 de julio de 2021



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Sobornos en obra pública, Soresco, demanda por ruta 27 y caso Aldesa son las investigaciones

Emilia Navas se ha inhibido de conocer cuatro grandes casos desde el 2018

Relación profesional de su esposo Francisco Campos con personas y empresas investigados, hizo a la fiscala tomar distancia de investigaciones

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 18 junio, 2021

Emilia Navas, fiscala general. Archivo/La República
Emilia Navas, fiscala general. Archivo/La República


Desde que asumió el cargo en octubre de 2018, Emilia Navas, fiscala general de la República, se ha inhibido de nueve investigaciones por un posible conflicto de intereses, incluidos cuatro grandes escándalos.

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El pago de supuestos sobornos en la adjudicación de millonarios contratos de obra pública, conocido como caso “Cochinilla”, es la última investigación de corrupción que la fiscala no desarrollará directamente.

Y es que su cónyuge Francisco Campos Aguilar es el abogado de una empresa investigada en el proceso. Se trata de la constructora H Solís, quien es investigada por delitos como cohecho, uso de documento falso, malversación de fondos y tráfico de influencias, entre otras razones.

En este caso, las empresas constructoras son acusadas de ofrecer casas, carros, viajes y hasta favores sexuales a unos 20 funcionarios para verse favorecidos en proyectos de adjudicación por unos ¢78 mil millones, según la tesis que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien calificó a los señalados como una “organización criminal”.

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La relación de Navas con su esposo, también la hizo separarse del caso Aldesa, en donde un grupo de inversionistas reclama una inversión fallida al empresario Javier Chaves, quien es defendido por Campos Aguilar.

Asimismo, el abogado y esposo de la fiscala, lleva el caso de la fallida refinería Soresco y defiende a la empresa acusada por la ruta 27.

Aparte de ello, Navas acumula más inhibitorias por dos casos menores en la Fiscalía de San Joaquín de Flores, relacionadas con una empresa de electrodomésticos, así como una más en la Fiscalía Adjunta de Alajuela por un caso de estafa.

Además, se apartó de una investigación donde figura como imputado un familiar de una fiscala adjunta de su equipo de trabajo y otra donde el denunciado es un primo hermano suyo, también de apellido Navas.

Las nueve inhibitorias fueron confirmadas por la propia Navas ayer en una extensa conferencia de prensa.

En ese sentido, la fiscala aseveró que su separación de los casos le brinda transparencia a las investigaciones y que por ello no renunciará.

En el caso “Cochinilla”, que el Poder Judicial y el Ministerio Público investigan desde el 2018, Navas aseveró que se enteró de los allanamientos el mismo lunes, al igual que todo el país y que incluso había pedido libre ese día.

“Eso demuestra que la Fiscalía, sin importar qué tan poderoso sea el investigado o quién sea el abogado defensor, investigaron, allanaron. Sin importar quién o quiénes sean sus abogados (…) Eso me da un orgullo impresionante. Se investigó y se tomaron decisiones hasta el punto de realizar allanamientos y detenciones. En eso es lo que el país se tiene que enfocar, y no desviar la atención con un posible conflicto de interés que ya fue gestionado y ha venido siendo gestionado a lo largo de 33 años en mi carrera”, dijo Navas.

Los casos

En los últimos tres años, Emilia Navas ha preferido tomar distancia de grandes investigaciones y demandas que involucran al Estado o a grandes empresas, debido a un posible conflicto de intereses, ya que en los cuatro casos que se describen a continuación, su esposo Francisco Campos, es el abogado de los investigados.

  • Sobornos en obra pública. La entrega de supuestas dádivas a funcionarios del Conavi, para la adjudicación de millonarios contratos de infraestructura vial por ¢78 mil millones.
  • Aldesa. Alrededor de $200 millones de poco más de 500 clientes estarían afectados por la suspensión de pagos por parte de Aldesa.
  • Soresco. Una presunta mala administración de los fondos públicos pudo haber generado un perjuicio económico de $50 millones para el Estado.
  • Ruta 27. Una investigación realizada por la Contraloría para que se le pague al Conavi las reparaciones que debió hacer en la ruta alterna Escazú y Calle Morenos, y que estaban por contrato a cargo de la firma concesionaria por ¢2.500 millones.

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