Emigrar no es un delito

Como si no estuviésemos en una época de desarrollo y reconocimiento de los derechos humanos, el Parlamento Europeo aprobó el pasado miércoles el proyecto de directiva de retorno, que establece que los inmigrantes “sin papeles” pueden ser retenidos hasta un periodo máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.

Entre otras restricciones la normativa también establece para los expulsados una prohibición de retorno a la Unión Europea de hasta cinco años.

Las reacciones de los gobiernos latinoamericanos y de algunas organizaciones no gubernamentales no se hicieron esperar y no es para menos.

Resulta inaudito que en momentos en que el mundo lo que procura es una reducción de trabas a la libre circulación de personas y una convivencia más armoniosa entre los pueblos, se aprueben leyes que equiparan a inmigrantes indocumentados con criminales.

Emigrar no es un delito y esta es una realidad que se conoce en todos los países, puesto que no existe una nación cuyas fronteras no hayan sido traspasadas por alguno de sus ciudadanos.

Los motivos pueden ser muchos, y la mayoría de estos casos que hoy plantea sancionar Europa, responden a un legítimo deseo de superación, de búsqueda de oportunidades que su patria lamentablemente no pudo brindar al emigrante.

¿Cuántas naciones no han dado acogida a inmigrantes, asilados o hasta disidentes que lograron integrarse con armonía y éxito a las sociedades que los cobijaron?

La norma comunitaria entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, sin embargo desde ya presidentes, como el boliviano Evo Morales, han anunciado una campaña internacional contra la denominada directiva de retorno.

Sin duda alguna la causa topará con muchos aliados, de hecho los encontrará en todas las partes del mundo, el gran reto es que logre tener los efectos esperados antes de que alguna persona sea tratada injustamente como criminal por haber cometido la “osadía” de salir de sus fronteras sin los documentos necesarios.