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Cobrar bien los impuestos que ya existen, eliminar exoneraciones injustificadas y frenar el contrabando y la evasión: esa es la estrategia del gobierno de Laura Fernández para evitar que la deuda pública, que cerró mayo en el 60,5% del Producto Interno Bruto, se siga disparando.
El plan incluye proyectos de ley y decretos, entre ellos uno para eliminar la impunidad aduanera y tributaria, ya que hoy un 80% de las infracciones carece de sanción efectiva, y otro para suspender la capacidad de facturación de empresas que emitan facturas falsas.
“Algunos quieren que Hacienda sea un perrito chihuahua sin dientes. Pero no, les estamos mandando al Congreso un rottweiler bastante fuerte para proteger su casa fiscal", dijo Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda.
El gobierno también estudia eliminar la exoneración de la canasta básica, aunque con devolución del tributo para las familias más pobres.
“Se descarta de manera absoluta la eliminación de la exención a las personas que tengan necesidades económicas en este país y no se descarta la exención para las personas que tienen más ingresos y más riqueza”, dijo Chaves.
Como medida de austeridad, todas las instituciones del Estado —incluyendo los tres poderes de la República— deberán ahorrar un 5% de sus presupuestos, una política que para 2027 será aún más exigente.
Los ingresos totales del Gobierno cayeron ¢58.290 millones al cierre de mayo respecto al mismo período de 2025.
Estos serían algunos de los proyectos
