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Eli Feinzaig se opone a la escogencia "a dedo" para construir Ciudad Gobierno

Las torres destinadas a albergar oficinas públicas permitirían un ahorro de ¢30 mil millones al año

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 17 abril, 2024 04:13 p. m.


Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. Cortesía/La República.
Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. Cortesía/La República.


El proyecto de Ciudad Gobierno no puede avanzar con una selección a dedo para construir esta importante obra de infraestructura, según Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista.

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La obra consiste en 3 o 4 torres de edificios para albergar a unas 20 instituciones en Plaza Víquez y 10 mil funcionarios, lo que permitiría al Estado ahorrar unos ¢30 mil millones al año en alquileres.

Hoy en día, el gobierno central invierte ¢59 mil millones en arrendamientos; es decir, unos $118 millones al año.

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No obstante, para avanzar con el plan se debe garantizar el debido proceso y una licitación abierta que asegure la mejor selección, dijo Feinzaig.

"Si hablamos estrictamente del proyecto inmobiliario, Ciudad Gobierno es un buen planteamiento. Si hablamos de las pretensiones del gobierno de escoger a dedo a un desarrollador, entregarle un terreno público para que lo construya sin concurso público y comprometerse a pagarle un alquiler durante varias décadas y ni siquiera asegurar que la propiedad retorne a manos del Estado una vez recuperada la inversión, estamos ante un planteamiento inaceptable", expresó Feinzaig.

Anteriormente, Marta Acosta, contralora general, cuestionó el mecanismo que desea impulsar el gobierno, lo cual, enfureció a Chaves porque no pudo avanzar con una negociación directa con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Posteriormente, el mandatario presentó dos proyectos al Congreso para avanzar con el plan.

El primero de ellos, es una modificación a la ley de contratación pública para que el Estado pueda acordar con el BCIE la construcción, alquiler y cesión de los edificios, después de un período de 30 años de arrendamiento.

La otra opción, es una interpretación auténtica de la ley señalada, para que el Gobierno pueda impulsar esta idea sin importar la oposición de la Contraloría.


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