Electrificar el transporte: una deuda que el país ya no puede postergar

Anelena Sabater y Lizandro Brenes

Economistas

Costa Rica ha sido durante décadas un referente global en generación eléctrica limpia, con más del 98% proveniente de fuentes renovables. Sin embargo, esta ventaja estructural ha convivido con una paradoja alarmante: el 65% de la energía primaria nacional proviene aún de combustibles fósiles, y el sector transporte representa el 42% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (Balance Energético Nacional, MINAE, 2022).

Esta disonancia ha sido reconocida en el Plan Nacional de Descarbonización 2018–2050, que plantea que el 95% de la flotilla vehicular deberá ser cero emisiones en 2050. Pero las cifras actuales muestran que ni siquiera el 1% del parque vehicular es eléctrico, así expuso el “Informe Técnico: Estimación del cambio en la demanda eléctrica como consecuencia de la electrificación del transporte en Costa Rica”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para Estudios Tropicales (OET) y el proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU) en 2024. Por su parte, también existe el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018–2030, pero su ejecución concreta sigue rezagada.

Además, si bien el país cuenta con la Ley N.º 9518 “Incentivos y promoción para el transporte eléctrico” que exoneró impuestos para la compra de vehículos eléctricos, la transición se ha visto entorpecida por una infraestructura de recarga insuficiente, centralizada y fallida ¿Causas? Si bien estas son múltiples, se pueden destacar dos: la lentitud institucional para ampliar la infraestructura de recarga y la falta de un marco normativo que habilite al sector privado a colaborar activamente en esta tarea.

Aún más suigéneris, es la necesidad imperiosa por aumentar la oferta renovable en general. De hecho, según los escenarios planteados por el informe de PNUD, OET y TEVU (2024), para atender demanda de electricidad por vehículos eléctricos; implicaría duplicar la capacidad instalada del parque de generación actual antes del año 2050.

Este informe también advierte que la dispersión de esfuerzos públicos y privados, sin una coordinación nacional, podría frenar los beneficios de la electromovilidad. Si no se habilita un modelo de participación que aproveche el potencial de alianzas comerciales (como estaciones de servicio, centros comerciales o empresas logísticas), no será posible ni acelerar la red de carga ni cumplir con los objetivos del país.

Es necesario contar con señales claras para planificar inversiones para las necesidades del largo plazo. Desde una perspectiva regulatoria, es imperativo que el marco legal permita a los actores privados actuar, con reglas, transparencia y tarifas justas. Desde una perspectiva económica, la electromovilidad no solo reduce emisiones, sino que baja costos de mantenimiento, mejora la competitividad y genera empleos. Y desde una perspectiva climática, es el paso lógico que conecta el discurso verde con la realidad de nuestras calles.

La transición a un transporte eléctrico no es solo un asunto técnico: es una decisión de política pública que requiere audacia, coordinación y visión de largo plazo. Costa Rica ya tomó la decisión correcta al generar con renovables. Ahora le toca dar el siguiente paso lógico: moverse con esa energía. Y para eso, necesita abrir las puertas, no cerrarlas.