Jose Luis Arce

Jose Luis Arce

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Viernes 9 Septiembre, 2016

Un presupuesto expansivo ahora no solo pone en peligro las incipientes negociaciones políticas alrededor de la reforma tributaria, sino que genera sospechas acerca de la verdadera postura del Ejecutivo en relación con el control del gasto público de cara a un año preelectoral

Ciencia lúgubre

El presupuesto… una vez más

En las últimas semanas, varias circunstancias parecían anticipar —contrario a todos los pronósticos—  que cierto espacio político estaba abriéndose en el Congreso para empezar a discutir proyectos que contribuyeran sustancial y estructuralmente a reducir el alto desequilibrio en las finanzas gubernamentales.

La inesperada reducción en el déficit durante el primer semestre, el avance de las reformas legales que limitan los exagerados beneficios que otorgan ciertos regímenes especiales de pensiones, el acuerdo político para avanzar en la discusión legislativa del proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal y, sin duda, el interés de los grupos políticos que se visualizan formando gobierno en mayo de 2018 de tener, por lo menos, algo del ajuste tributario aprobado antes de esa fecha, auguraban el inicio de la negociación que conduciría a que se discutieran y aprobaran reformas a los impuestos de ventas y renta en la Asamblea Legislativa el año próximo.
La cereza sobre el pastel hubiese sido, sin duda, un presupuesto austero. Tristemente el proyecto remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa no lo es.
Eliminando el componente de amortización —pues no se trata de un gasto en el sentido económico—  el presupuesto para 2017 presenta un crecimiento de los gastos del orden del 11,3%, casi cuatro veces la meta de inflación establecida por el Banco Central en su Programa Macroeconómico.
Durante los primeros tres años de la actual administración, los gastos totales en el presupuesto crecieron un 29% (los precios se estiman alrededor del 6% en ese mismo lapso) y pasaron de representar un 20,6% del PIB en 2014 al 22,2% en 2017.
La expansión de las erogaciones no es el resultado solo de decisiones pasadas reflejadas en una creciente y elevada deuda gubernamental. De hecho, el gasto primario —i.e. excluyendo los pagos por intereses—  creció entre los presupuestos de 2015 y 2017 un 26,5% y como proporción del PIB pasó del 17,8% en 2014 al 18,8% en la autorización de gastos para 2017.
Y dentro de ellos, las transferencias corrientes al sector público —donde se registra el financiamiento al Poder Judicial, a la educación superior estatal y el gasto social—  han crecido casi un 31% en los últimos tres presupuestos.
Poco se avanzó también en cerrar la brecha de financiamiento gubernamental, no solo una alta proporción de los gastos incluyendo los corrientes  —algo que se supone es incluso inconstitucional—  continuó siendo financiada con deuda gubernamental y, en términos generales, considerando las optimistas estimaciones de ingresos de la Contraloría General de la República, el déficit implícito en el presupuesto ha ido aumentando en los últimos tres años del -6,3% del PIB en 2014 al -7,1% del PIB en 2017.
La decisión gubernamental de remitir al Legislativo un presupuesto con tan alto crecimiento en sus partidas es lamentable. Un plan de gastos para 2017 más frugal, sin duda hubiese sido un elemento que contribuiría a allanar el camino para alcanzar los acuerdos que se requieren con el fin de adoptar medidas que reduzcan efectivamente el desequilibrio fiscal.
Un presupuesto expansivo ahora no solo pone en peligro las incipientes negociaciones políticas alrededor de la reforma tributaria, sino que genera sospechas acerca de la verdadera postura del Ejecutivo en relación con el control del gasto público de cara a un año preelectoral. Generar ese tipo de dudas puede tener implicaciones muy negativas sobre las expectativas de los agentes económicos y sobre las calificaciones de riesgo soberano.
Espacios para reducir el gasto existen, pueden no ser amplios, pero existen, lo que hace falta es la voluntad política para hacerlo y sobre todo la audacia de empezar a pensar en un mejor uso de los recursos públicos, más que en una aumento automático y elevado en los presupuestos gubernamentales.

Economista. Socio y director de Programas de Consejeros Económicos y Financieros, S.A. (CEFSA). Las opiniones expresadas en esta columna son de carácter personal