Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 12 Junio, 2014

Acusa la Sala Constitucional el uso reiterado de gas pimienta para intimidar a los reos y las cifras de expedientes aún pendientes de llegar a sentencia es del 23% del total


De cal y de arena

El destape de la tortura

Víctima de las torturas a que se le sometió en la cárcel de La Reforma, hace tres años murió el reo Johel Araya. El veredicto del tribunal que se tramitó el proceso declaró inocentes a los diez policías penitenciarios acusados de matarlo pues no se demostró su relación de autoría con el resultado final de los graves incidentes.
Sí advirtió ese tribunal que hay indicios suficientes de responsabilidad directa en la muerte atribuibles a agentes de una unidad de cazadores de delincuentes del Organismo de Investigación Judicial.
Por las mismas fechas de este afrentoso capítulo que tramitó el Tribunal Penal de Alajuela, se produce una resolución de la Sala Constitucional realmente escalofriante por referirse a conductas incubadas en un país con larga tradición de respeto a los derechos humanos, Sala que constata la existencia de “un patrón sistemático de tratos crueles” en las cárceles de la virtuosa justicia costarricense.
Fueron 35 quejas de 30 reos las que condujeron a esta comprobación de algo que es vox populi. Sólo por la modorra y la incuria de una frondosa burocracia habituada a que no se le perturbe en su zona de confort, puede explicarse que tras tantos rumores de abusos en el régimen de las investigaciones y sanciones del delito no sea sino ahora que se destape la cloaca y por obra de la Sala Constitucional ante quejas de un pequeño número de presidiarios.
Así de mal anda este segmento del elefantiásico aparato a cargo de la instrucción y gestión de la justicia penal. Qué frustrado se sentiría aquel Ministro de Justicia —Joaquín Vargas Gené— que echó a andar la Reforma Penitenciaria de la que fue signo emblemático el cierre del penal de San Lucas, espantoso antro de condiciones infrahumanas.
Y también Elizabeth Odio, la que puso candado a la Penitenciaría Central. Pero ¿es que aquellas políticas de hace tantos años nada abonaron en la línea de erradicación de la tortura y el trato infrahumano?
Desde el año 2000 Costa Rica se adhirió formalmente a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, misma que eleva al rango de delito toda la amplia gama de actos que provoquen penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal y como método intimidatorio, de castigo personal o medida preventiva.
Es azorante oír de altos mandos judiciales la justificación de la mora en la persecución y sanción de estas desviaciones conductuales que desde hace largo rato se identifican como tortura, a pesar de que esa misma Convención manda a los Estados partes proceder de oficio y de inmediato a investigar cada caso e iniciar el respectivo proceso penal.
¿Con qué autoridad moral puede acudir Costa Rica a los foros internacionales donde estos temas se abordan, si también acusa la Sala Constitucional el uso reiterado de gas pimienta para intimidar a los reos y si las cifras de expedientes aún pendientes de llegar a sentencia es del 23% del total, con un hacinamiento en cárceles del 38% y una fallida provisión de recursos presupuestarios?

Álvaro Madrigal