El trabajo es un derecho según lo declara nuestra Constitución Política en el artículo 56

El trabajo es un derecho según lo declara nuestra Constitución Política en el artículo 56

El trabajo es un derecho según lo declara nuestra Constitución Política en el artículo 56, que dice: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”.

Nuestro país viene arrastrando niveles de desempleo cada vez más críticos. En el presente cuatrienio el desempleo abierto ha rondado el 9%, que representa miles de costarricenses que no logran atender sus necesidades básicas y las de sus familias, ni dar su aporte a la economía nacional. A esto debemos agregar la población que cada año ingresa al mercado laboral a buscar una oportunidad.

La Escuela de Ciencias Políticas y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, mediante estudios de opinión recientes, determinó que, para la mayoría de costarricenses, el desempleo es su preocupación mayor. Eso nos muestra la incertidumbre que existe en la población por lo que está sucediendo y pueda suceder en adelante con su mayor necesidad humana: tener un trabajo seguro y digno.

El desempleo es consecuencia, sin duda, de la ausencia de inversión privada. Es fundamental entender que sin nueva inversión, no puede haber nuevas fuentes de empleo. Los gobiernos no crean empleo. Nuestro objetivo debería ser la creación de las condiciones para incentivar la inversión privada. La iniciativa privada no va en contra de las conquistas sociales, todo lo contrario. Una buena desregulación que promueva la sana inversión se traduce en menores tasas de desempleo, más propietarios, más desarrollo y más recaudación por impuestos. Es un efecto de beneficios múltiples.

No obstante lo anterior, el mismo estudio también nos muestra que las mayores preocupaciones de los costarricenses son, además del desempleo, la falta de seguridad ciudadana, la corrupción, el costo de vida y la difícil situación económica del país, mala gestión de gobierno y pobreza. Cada uno representa un reto para cualquier gobierno. La seguridad ciudadana nos hace temer al salir a caminar y regresar a nuestras casas; la tasa de homicidios se eleva en nuestro país a niveles que no conocíamos (12,1 por cada 100 mil habitantes); la corrupción nos dio en la cara con enorme impacto a través del conocido “cementazo” y tantos otros casos de ingrata memoria, y la situación fiscal, cada vez más dramática, son todos aspectos que demandan del próximo gobierno, una determinación inclaudicable, un equipo competente y un ineludible liderazgo de quien conduzca desde el Poder Ejecutivo, la marcha de la nación. De ahí que nuestra decisión, el próximo 4 de febrero, es identificar el equipo y el candidato que mejor reúne esos atributos. No estamos ni para experimentos, ni para improvisaciones.