El tema nacional es el desempleo

La Población Económicamente Activa PEA es de 2.5 millones y en la actualidad hay 500 mil trabajadores sin salario, 200 mil micro y pequeñas empresas cerradas y por lo menos 100 mil personas que laboran independientemente que no pueden ejercer para un total de 800 mil personas sin ingresos a merced de la pandemia y los esfuerzos de contenerla. Hay pobreza, angustia y zozobra entre estos habitantes, que ya han aguantado ocho meses sin ingresos. Unos 300 mil ya estaban sin trabajo antes de la pandemia y ni hablar de las condiciones de vida de ellos.

La búsqueda de una solución de este problema debería ser la prioridad número uno del presidente de Costa Rica y de la Asamblea Legislativa en todas sus acciones por el resto de su período constitucional. Un préstamo del Fondo Monetario Internacional FMI por fuerza debe tener la resolución de ese desafío como objetivo principal. La primera propuesta que elaboró el presidente Carlos Alvarado para presentar al FMI tenía como objetivo seguir financiando el muy engrosado sector público incluso quitando más dinero de un pueblo empobrecido. El rechazo fue tan fuerte que terminó el país paralizado por protestas y bloqueos.

Para entender mejor, se quiso extraer aún más dinero en impuestos para financiar a los 320 mil burócratas, que no han sacrificado nada con la pandemia; han recibido sus salarios completos durante todo el período desde marzo. Demostró el plan una total incomprensión de parte del primer mandatario y su equipo de como funciona la economía nacional; Alvarado ocupa la presidencia, pero por incumplimiento no disfruta de la confianza de los costarricenses.

El estado es el que tiene que hacer sacrificios—no el pueblo. Se debe recordar que cuando el presidente y Rocía Aguilar vendieron a todos la conversión del impuesto de ventas a uno de “valor agregado” prometieron solemnemente que en menos de un año habría una “ley de empleo público” que, entre otras cosas, hubiera ahorrado al estado 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto PIB sin despedir a nadie. Los sindicatos de empleados públicos han boicoteado un proyecto tibio de ley que al fin apareció en la Asamblea Legislativa y que es tan inconsistente que los diputados no lo pueden aprobar. Otra manera de cortar gastos es el plan “CERRAR” de Ottón Solís, fundador del PAC, para fundir y hacer desaparecer varias instituciones del aparato estatal sin despidos – se ahorraba 1.5 del PIB. Tampoco lo estaba considerando el presidente; su posición ancla es más impuestos y es apoyado por el magistrado Fernando Cruz y el presidente legislativo Eduardo Cruickshank.

Se ha dado cuenta la Organización Mundial de la Salud OMS que los confinamientos provocan el colapso de las economías y posiblemente más miseria y muertes de hambre que los fallecimientos evitados.

Para fomentar la creación de más empleos en el país el primer paso es eliminar las medidas y permitir que todo, y en especial las empresas de turismo, abren. El segundo paso es recortar fuertemente gastos del gobierno. ¡Más impuestos son contraproducentes!

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