Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 10 Enero, 2018

Pizarrón

El proceso electoral es un estado de conciencia

En Costa Rica no vivimos una crisis política, ni una crisis de gobierno o de gobernabilidad real y efectiva que conduzca, en un proceso electoral como el que estamos viviendo, a plantear verdaderas y transformadoras soluciones en la estructura política, ni el desplazamiento radical, de raíz, de las clases o grupos políticos que han venido gobernando el país.

El cambio de gobierno que es inminente el 4 de febrero, o el primer domingo de abril, tan solo pone en discusión hoy quién ejerce la conducción del aparato institucional nacional.



Tampoco vivimos una crisis económica de tal naturaleza que produzca movilizaciones sociales antigobierno, antisistema, pro nuevos grupos o clases gobernantes, ni hay una lucha de clases claramente definida. Y la ausencia de esta crisis y su agudeza evitan también grandes movilizaciones permanentes, cotidianas, que expresen una lucha social profunda que tenga eco al proceso electoral, y que así se manifieste al menos en apoyo, reflejado en las encuestas, en los dos partidos que se ubican a la izquierda del proceso electoral.

La composición laboral del país ayuda en este amortiguamiento de movimientos y luchas sociales. Tan solo señalo un dato. De la población laboral del país, en números redondos, una tercera parte la constituyen las mujeres, más de 600 mil trabajadoras. De estas, un poco más de la mitad, más de 300 mil, son cabezas de familias, lo que significa que son mujeres que mantienen hogares, como principal o único ingreso de sus hogares. Y la población desempleada del país se estima en un 10%, es decir cerca de 200 mil personas, que de hecho son “mantenidas” o “sostenidas” por una de estas mujeres cabeza de familia, sean madres, esposas, compañeras, hijas, abuelas o todas juntas. A esta situación se acompaña una serie de leyes y medidas gubernativas que desde el gobierno de Óscar Arias en 1986-1990 se vienen dando a favor de las mujeres, en reconocimientos sociales, económicos, legales y políticos, con redes institucionales de apoyo, que por más deficientes que sean, o por más corruptas que se administren, les ayudan a enfrentar su situación, y las convierten, o las han convertido en un verdadero colchón de amortiguamiento de las luchas sociales y populares.

No casualmente, desde el gobierno de Abel Pacheco la pobreza de hogares, entre otros factores, se calcula sumando el ingreso de todos los miembros de las familias pobres.

Por otro lado, la pobreza en el país no se ha discutido adecuadamente. De hecho la pobreza no es la misma. El porcentaje de pobres y de extrema pobreza no es el mismo históricamente. Puede ser la misma cifra porcentual, 18% al 22% de pobres o 4% al 7% de pobreza extrema, pero las familias no son las mismas. En estos estratos de la población también hay movilidad social, población que sale de esas situaciones y nueva población que entra. Esta ha sido quizá la clave de la dificultad de desarrollar políticas que ataquen la raíz de esta pobreza y pobreza extrema.

La distinta atención que se les da a estos problemas, más el mismo movimiento de incorporación de mano de obra a la economía nacional, que lo hay, aunque no sea en la proporción deseada, junto con el desarrollo de la sociedad de consumo que tenemos apoyada empresarial y bancariamente, ha conducido igualmente a un debilitamiento de la composición y fortalecimiento sindical nacional.

Por ello, los movimientos sindicales organizados del país, ni siquiera han tenido la fortaleza de convocar a sus afiliados, alrededor de 200 mil, una décima parte de la población laboral, que es también parte de la población electoral de más o menos 2 millones de trabajadores, alrededor de una orientación de por cuál partido, o cuáles partidos votar, o de por cuáles candidatos votar, si se trata de partidos políticos, o de por cuáles papeletas de diputados se deben orientar sus votos, porque en este sentido el espectro de posibilidades para estos movimientos sociales es más amplio, al integrarse como candidatos personas que en los últimos 15 años han abandonado al Partido Liberación Nacional, principalmente, o a otros partidos, para participar de luchas populares en otros partidos en las campañas electorales del 2002, 2006, 2010 y 2014, o por haber participado especialmente en las luchas contra el TLC-USA-CA-RD.

El movimiento sindical organizado podría concretamente llamar a votar por tal o tales partidos nacionales, y por tal o tales partidos provinciales, ya sea concentrando en un solo partido o diciéndoles a los votantes las opciones que el movimiento sindical organizado considera mejores en posibilidad de llegar al gobierno o de integrar la Asamblea Legislativa, que de paso con los partidos que actualmente la integran no les ha ido del todo bien.

El esfuerzo sindical y de movimientos sociales que culminó en el encuentro del Teatro Melico Salazar, con participación de partidos políticos y del gobierno, se frustró desde su inicio, fue un parto fallido, fue óbito político de nacimiento. Ni siquiera llegaron a las elecciones municipales de 2016 con una plataforma de lucha mínima, ni se desarrollaron posibilidades reales de coaliciones políticas de mayor expectativa, que hoy podrían tener mayor espectro electoral.

En resumen, no estamos ante una crisis social ni política. La lucha electoral que existe no agudiza ni agudizará la crisis económica, institucional o política de la cual a veces se habla, pero que no se analiza. Por este motivo no es un desaliento para la población no participar en el proceso electoral. Al contrario, las elecciones siempre se perciben como una posibilidad de cambio, y de mejoramiento del electorado ante el nuevo gobierno y nuevos gobernantes. Los abstencionistas como fuerza política inexistente no decide nada, como resultado real de su decisión de no votar tan solo exhiben su conformidad con cualquier partido y candidato que gane, de que sigan al frente de las instituciones públicas, esperando pasivamente que no se deteriore más su nivel de existencia o de sobrevivencia, pero esperanzados de cualquier mejoría que pueda producirse.

Para la población nacional, para los electores, no es un crimen participar en la política en tiempo de elecciones, es parte de su práctica social de vida, y de expectativas de vida en lo que cada candidato y partido ofrecen. Las elecciones no producen en el país cólera ni indignación con el proceso ni con sus resultados. Al contrario, su resultado siempre afirma el sentido democrático de la convivencia nacional, el respeto a las instituciones y al nuevo gobierno que emerge del sufragio.

La agitación del pueblo electoral en este periodo no es por hundir el sistema, el capitalismo, por exaltar nuevos ordenamientos políticos sociales. No hay en el escenario político nada alternativo al sistema económico político que tenemos. Al contrario, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y ante la Constitución Política, todos los partidos y sus candidatos, se han comprometido con mantener el sistema democrático nacional y sus instituciones. Por lo que apenas se discute, en el ámbito electoral, la forma de ejercer el Gobierno de la República, que no es el Poder del Estado costarricense. De allí las preguntas que se les hacen a los candidatos, en los debates organizados, sobre temas específicos, con preguntas que son iguales para todos, para responder en el mismo lapso de tiempo, sin posibilidad real de distinguir diferencias importantes, ni de debatir matices de esos planteamientos.

Todos los gobiernos, y todos los partidos que ejercen el gobierno, al momento de las elecciones, desencadenan, sin excepción, los peligros de provocar una guerra electoral contra ellos, por parte de todos los contendientes electorales, y por la necesidad de desplazarlos de la esfera gubernativa. No es una guerra civil, es tan solo una escaramuza electoral, donde los electores, y sus familias, se ubican en ese escenario de guerra electoral sin que la sangre llegue al río, y sin que se produzca, al menos por ahora, ninguna revolución, en el sentido histórico del término. Para mí, ni siquiera hay tendencias revolucionarias expresadas. La que mejor refleja esto es la del Partido de los Trabajadores y su candidato Johel Vega.

Dentro de los planteamientos políticos solo el de Juan Diego Castro anuncia una Reconstrucción Nacional. Esto es lo que más se avecina a una “revolución” tipo 1948-1949, de allí su advertencia de “gobernar por decretos”. Ante un triunfo de Juan Diego Castro nadie puede decir que fue engañado. Él habla claro, y muy claro en sus propósitos de cómo gobernar y de a qué grupos afectará.

En Costa Rica no tenemos una situación revolucionaria como la definía Lenin, de manera que si no existe esa situación revolucionaria tampoco es posible una revolución a la vista.

Para Lenin la situación revolucionaria se expresaba por tres características: 1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación originada por una crisis de gobierno, o de lucha en las estructuras políticas del país. Esto no está en juego en el país ni en el proceso electoral actual, puesto que no se pone en juego la capacidad de que los que han estado arriba no puedan gobernar, ni tampoco los que están abajo están en capacidad de gobernar o no quieran que los sigan gobernando los de arriba. Los resultados de las encuestas hasta hoy están claramente orientados a identificar a los electores con los partidos que tradicionalmente ha gobernado. 2) Tampoco hay una situación de miseria extrema agravada, que no tiene que ver con la existencia de la pobreza o pobreza extrema. Esto está referido a un deterioro brutal de las condiciones socioeconómicas de vida la población y de los trabajadores en general. Todavía, a pesar de los golpes que sufre, la clase media sigue siendo poderosa, amplia y con gran capacidad de consumo y llena de esperanzas. 3) Tampoco hay una intensificación de las luchas populares y sociales. Puede haber mucha estadística de movilizaciones sociales, muchas de carácter comunal y por muy diversos motivos, como realmente hay, pero no centradas en el salario ni en las condiciones económico sociales, que en tiempo de paz social nacional no producen ninguna turbulencia importante en el sistema político institucional.

A esto se suma el factor subjetivo, la ausencia de un partido político, con la capacidad de llevar a cabo acciones político revolucionarias, en posibilidad de debilitar las estructuras del gobierno, no para que caiga, sino para hacerlo caer. Y a ello se suma también la falta de una sólida conciencia social, o conciencia de clase, como también se llama, que permita que la gente, o las personas sepan distinguir claramente quienes son sus amigos y quienes su enemigos. Por ahora, en el escenario electoral, nadie ve enemigos, tan solo ven posibles partidos y candidatos gobernantes.

La institucionalidad del país, su régimen democrático, sus partidos políticos, el sistema electoral son fuertes en la conciencia ciudadana y en la vida cotidiana nacional. A pesar de todo, de las críticas o de los cuestionamientos, en los procesos electorales los gobiernos como los partidos se vuelven más fuertes. En el proceso electoral se produce el acuerdo más importante de la sociedad costarricense, el acuerdo por la gobernabilidad democrática y la sumisión de los electores ante el resultado electoral, y la aprobación del nuevo gobierno que surge de las elecciones… aunque la protesta social y laboral, y hasta política siga existiendo en la nueva situación que surja a partir del 1° y del 8 de mayo próximo. Las elecciones no suprimen ni acaban las protestas sociales y laborales, tan solo las postergan.

El proceso electoral sí es un estado de conciencia, que puede revelar a los electores la existencia de los problemas profundos que los aquejan, sus causas y sus posibles soluciones, y puede dar explicaciones para que los electores puedan avanzar más en sus niveles organizativos de luchas sociales y políticas, y de fortalecer en estas luchas sus organizaciones políticas representativas.

Aun así, no veo este panorama en la discusión electoral que estamos viviendo. Para el gran electorado se carece en este proceso electoral de una dirección acertada de carácter estratégico y táctico que lo oriente a dar su voto de manera muy consciente, y produzca la necesidad e encontrar el acuerdo nacional que pueda resolver o tratar de resolver los principales problemas del país y de la población.

Pareciera que el proceso electoral, con todos sus partidos, se orienta indefectiblemente, a fortalecer la creencia de la gente en ejercer su derecho de voto, de que con él, se genera el poder de gobernar y en la legitimidad de las instituciones, y, en que se pueden hacer reformas al sistema, según el partido y candidato que gane.