El Presupuesto Ordinario de la República y la reactivación económica

El Presupuesto Ordinario de la República y la reactivación económica

El mes de setiembre reviste de especial importancia para el país, como lo son las celebraciones patrias con motivo de la independencia, además del cumplimiento de mandatos constitucionales.

La Constitución Política en el artículo 178 establece que la Asamblea Legislativa debe recibir a más tardar el 1° de setiembre de cada año, el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República de parte del Poder Ejecutivo, para que el Plenario Legislativo lo conozca y someta a votación antes del 30 de noviembre del mismo año.

En esa misma dirección el Reglamento de la Asamblea Legislativa en el artículo 178, establece que la Comisión de Asuntos Hacendarios debe designar una subcomisión, la cual estará condicionada a tener como mínimo la participación de un diputado (a) de una fracción que no sea la oficialista, dicha subcomisión debe entregar un informe a más tardar el 1° octubre a la Comisión de Asuntos Hacendarios. El presupuesto estará en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios hasta el 20 de octubre.

Las expectativas sobre este presupuesto para el periodo 2019, son muy altas, el mismo debe reflejar una contención importante de los gastos, aspecto que los costarricenses estamos esperando ver, contemplar el pago de la deuda de forma responsable y reflejar un crecimiento razonable de acuerdo a las condiciones económicas que atravesamos.

El Ministerio de Hacienda más que nunca, se encuentra en la mira de todos los y las costarricenses, de la Asamblea Legislativa y Contraloría General de la República, tal y como lo externó la señora contralora en sesión de la Comisión del Ingreso y el Gasto Públicos.

Un aspecto sensible será la vulnerabilidad de la deuda por falta de recursos y liquidez, es indiscutible que será el “talón de Aquiles”, dado que por más que se pretendió ocultar la situación de crisis en el gobierno Solís Rivera, fue inevitable que aflorara a la luz pública el manejo irresponsable que se ha dado a la misma.

Dicha situación dejó de ser un secreto, dado que a diciembre de 2017 ya se habían colocado ¢819.000 millones, con vencimientos al primer semestre de 2018. El Ministerio de Hacienda tenía pleno conocimiento de que no contaba con presupuesto debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa para hacer frente de forma responsable al pago de la deuda y el presupuesto autorizado para 2018 no le alcanzaría para honrar la misma.

Tal situación se mantuvo “calladita” hasta que la Contraloría General de la República y los mismos diputados(as) revelaron “el secreto”, que convenientemente estuvo bien guardadito en el primer semestre del año electoral.

Es evidente que desde el primer trimestre del presente año se conocían los vencimientos y que existió el tiempo necesario para realizar los ajustes pertinentes, en fin, esto será una tarea que debe concluir la Contraloría General de la República, para sentar las responsabilidades y no creer que temas tan sensibles como la administración de la deuda se pueda manejar como una pulpería.

En lo que interesa y por lo que deben tomarse decisiones urgentes, es lo referente a los datos que revela la Contraloría, como es el crecimiento de la deuda, que ha pasado del 40% en 2012 al 53% en 2018, el crecimiento del endeudamiento en otra moneda, la colocación a corto plazo y la tasa variable que ofrece más riesgo, pasa a ser del 20,2%, en consecuencia el portafolio de la deuda del Gobierno Central en el primer semestre de este año muestra signos de franco deterioro.

Dadas las condiciones anteriormente descritas, es conveniente que el presupuesto de 2019 prevenga el riesgo de insuficiencia en la asignación presupuestaria, tanto para el pago de los intereses como para las amortizaciones, pero igualmente importante es no perder de vista que los ingresos corrientes presupuestados para 2019, fueron ajustados a la baja en 334 mil millones por la Contraloría, producto que la actividad económica del país, no ha mostrado el dinamismo esperado, presentando un menor rendimiento tributario interno en la industria manufacturera, servicios financieros y seguros, comercio, restaurante y hoteles, si a la fecha no se conoce o cuenta con políticas claras para la reactivación económica, no existirá presupuesto, ni plan fiscal que lo logre superar la crisis económica del país. 

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