Leiner Vargas

Leiner Vargas

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Martes 24 Enero, 2017

Cualquier solución lleva implícito un conjunto de medidas que aborden las debilidades del IVM, en distintos ámbitos, que paso a continuación a presentar

Reflexiones

El IVM en la PICOTA

Tal como les comenté, me dedicaré en esta semana a considerar las posibles soluciones que podrían favorecer una estabilidad a largo plazo en el sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Quiero eso sí, dejar claro que no existe una medida única y puntual que lo resuelva todo; es decir, como decíamos en el campo: “no existe tal cosa como la pomada canaria”. Cualquier solución lleva implícito un conjunto de medidas que aborden las debilidades del IVM, en distintos ámbitos, que paso a continuación a presentar.
El primer tema tiene que ver con el ámbito institucional y está profundamente asociado con la credibilidad del sistema de pensiones en este nuevo siglo. Es claro que la Caja ha hecho su mejor esfuerzo por enfrentar las condiciones del IVM, pero la institucionalidad de la Caja se ha vuelto excesivamente centralista y su gobernanza es cada vez más compleja. Se requiere desde mi perspectiva, consolidar una institucionalidad propia del IVM separando dicho sistema de pensiones de la estructura de gobernanza y los intereses que existen al interior de la Caja. Es muy importante que la nueva institución que se consolide, sea diseñada con funciones y condiciones más modernas, que tengan sentido en el ámbito de las pensiones, que permitan también generar mayor credibilidad en la ciudadanía y lo más importante, que tenga mayor capacidad de recaudación y administración de los recursos del fondo. En la gobernanza de esta nueva institución, la representatividad de los trabajadores debe estar mucho más consolidada, tanto los del sector público como los del privado. Es fundamental que cualesquiera de las medidas que se tomen sobre los elementos sustantivos de cuota, base o cobertura, así como edades de retiro y beneficios del régimen, sean ampliamente concertadas e informadas apropiadamente desde los trabajadores.


Un segundo tema es la necesidad de fortalecer de manera sustantiva las condiciones que permitan reducir la evasión y elusión de las cuotas del sistema de pensiones. Es de gran importancia que las condiciones de cotización sean equivalentes en el sector público y el sector privado. Debe privilegiarse un esquema de cuota basado en renta consolidada del trabajo, no únicamente el componente asalariado del mismo. Esto significa que las deducciones de pensión obligatoria deben hacerse, desde que se genera el hecho que motiva el ingreso del trabajador, tales como la venta de una asesoría, consulta o actividad profesional. Esto significa que debemos ir al pago electrónico y que los profesionales liberales deben reflejar en su estado de ingresos por servicios, las cuotas al sistema de pensiones, con deducción automática en el momento de que se genera la renta misma. La subfacturación mediante bonos, pagos en especie y pagos en el exterior, a una parte importante de los asalariados del sector privado que se encuentran en puestos gerenciales es sin duda alguna el principal instrumento de evasión de las cuotas y pone en riesgo la solidaridad que el sistema propone. De igual forma, deberían elevarse las cuotas mínimas al sistema, de aquellos llamados trabajadores independientes, que claramente no se encuentran en los quintiles de pobreza, esto podría disminuir las fugas de cuotas y aumentar sustantivamente la base de cobro de las pensiones, dada la ampliación del universo de este tipo de categoría de trabajo. En este particular es vital que el Estado haga valer sus contribuciones al sistema, entregando a tiempo las cuotas que por universalización del sistema ha ofrecido y está obligado a cumplir por ley.
Finalmente, se requiere concertar un conjunto de medidas que aseguren la sostenibilidad financiera a corto y mediano plazo. Tocar los tres temas centrales del mecanismo actuarial que le da sustento a la sostenibilidad del fondo de pensiones, a saber, la cuota o tasa de pago en sus tres componentes, el trabajador, el patrono y el Estado; asimismo la base de recaudación y por supuesto, la edad de retiro.
Para lo anterior, mi propuesta es que debe existir un aumento escalonado en las cuotas tanto obreras como patronales, el traslado definitivo de lo brindado al Banco Popular al sistema de IVM y la obligatoriedad de la cobertura de los riesgos laborales a todas las actividades, considerando con ello la necesidad de cubrir ampliamente los ingresos dejados de percibir por invalidez, en caso de suceder accidentes. Este último, el seguro debe de incluirse en aquellos trabajadores que se ven obligados a usar motocicletas o equipo especial. El segundo aspecto medular es la base, el sistema requiere universalizarse a todo el sector público y privado. El tener sistemas especiales en el Magisterio, Hacienda y el Poder Judicial entre otros, no debería dejar un portillo para evadir el compromiso de participar en el sistema base llamado IVM. Esto obligaría a aumentar las pensiones y cotizaciones en aquellos grupos que hasta la fecha han tenido un componente propio y que hoy en día requieren auxilio del propio Estado. Esta medida sería, la universalización y obligatoriedad de todo trabajador, de cotizar al régimen de IVM. Adicionalmente, se requiere un proceso escalonado de aumento en la edad de pensión, acorde con las nuevas condiciones de esperanza de vida de los costarricenses y mantener de manera prudencial límites máximos de pensión.
Así las cosas, las soluciones no son tan simples como el sacarle un 35% más a los trabajadores de su bolsillo en junio próximo o querer usurpar los sistemas de segundo piso, ya existentes y adecuadamente diseñados mediante la capitalización individual. Tampoco se debe desatender la necesidad de que la nueva estructura organizacional e institucional propicie la transparencia, la eficiencia y racionalidad en materia de gastos administrativos y por supuesto, permita reducir la evasión e ilusión de las cuotas de los tres sectores que componen el sistema, los trabajadores, las empresas y el Estado. Hasta tanto no logremos un acuerdo para avanzar en ello, el IVM seguirá en la PICOTA.

Dr. Leiner Vargas Alfaro
www.leinervargas.com