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Jueves, 14 de noviembre de 2019



COLUMNISTAS


¡El gran problema fiscal de Costa Rica!

Emilio Bruce [email protected] | Viernes 20 septiembre, 2019


Sinceramente


El país gasta en lo que no necesita ni desea y no invierte en lo necesario y lo urgente. Construimos en bonanza y buenas intenciones un estado demasiado grande para el tamaño de nuestra economía actual. Muchas personas se aferran al pasado y a la imagen de que el estado debe de ser muy grande y más instituciones deben componer su área de acción. Eso en la actualidad está fuera de toda razón.

Para todos es claro que el mejor ministro de hacienda en el pasado era una buena cosecha de café. Hoy día ese ministro de hacienda bueno es una economía en crecimiento. Pero nuestra economía proyecta uno ínfimo para este año 2019. La maraña de leyes y la cantidad de procedimientos, impuestos, permisos y regulaciones no permiten a los emprendedores hacerla crecer. La política cambiaria actual es mortal para las exportaciones y la reactivación. No olvidemos que el mundo inicia un período de recesión global.

Cambiar la independencia de las instituciones autónomas o dar marcha atrás en las leyes que otorgaron beneficios y pensiones, pluses y anualidades generosas es virtualmente imposible. Todo se ha intentado excepto violar las leyes de Costa Rica. El principio de que los acuerdos obrero patronales son ley entre las partes, que los derechos adquiridos no pueden vulnerarse y que las leyes no son retroactivas son fundamentales para la seguridad jurídica del país, pero son barreras para la necesaria transformación urgente de Costa Rica.

Muchas personas creen que es posible eliminar pluses y pensiones por decreto y listo. Eso no es así. La Constitución Política del país ampara los derechos adquiridos y ésta junto con la Sala Constitucional son custodios de los derechos de los individuos.

No resulta de fácil comprensión para muchas personas en qué consiste el problema fiscal de nuestro país. Muchas personas en redes se preguntan qué importa que tengamos un problema fiscal si lo ha habido desde hace décadas y nada ha pasado o qué importa deber plata para pagar gastos.

Muchas personas también se preguntan cómo es que la plata no alcanza si se pagan millones de millones de colones en impuestos. Y la respuesta es muy sencilla: las erogaciones de los poderes del estado son mayores que los ingresos. No todas las erogaciones son gastos, pero una inmensa mayoría lo son.

Tres grandes disparadores del gasto existen en el país. Los salarios de la administración pública que con sus cláusulas de crecimiento porcentual y automático aumentan de manera acelerada por encima del crecimiento del ingreso del estado es el primero de ellos. Las pensiones de Hacienda y las denominadas popularmente pensiones de lujo, dependientes de la contribución del estado para poder pagarlas y que son un monto de cerca de un millón de millones al año y un poco más del 1% del PIB en volumen son otro de estos aceleradores del gasto. Los intereses pagados constituyen el último disparador e independiente de la voluntad del Ministerio de Hacienda ya que depende en gran medida de los mercados financieros internacionales. Solo cerca del 4% del presupuesto es discrecional, o sea puede el Ministro gastarlo o no, pero eso también es muy difícil ya que si se suprimiera ese gasto se paralizarían los poderes del estado.

Es fundamental recordar que cerca del 47% del presupuesto nacional se ve financiado por préstamos. Los impuestos recaudados no alcanzan ya que pudieron más los deseos y las ilusiones sociales de los gobernantes de todas las épocas que la realidad económica de la Costa Rica que produce para pagar impuestos. Como los impuestos alcanzan solo para un 57% del presupuesto de la República para lograr equilibrar el mismo con las erogaciones habría que reducir los gastos e inversiones en un 43% del total del presupuesto y eso implicaría despidos y cierres enormes en los poderes del estado o duplicar los impuestos lo que es imposible.

Los integrantes del Poder Judicial no han comprendido esta situación y pretenden conservar sus erogaciones completas sin ajustes mayores de pensiones ni salarios.

Las municipalidades tampoco comprenden que ellas se ven financiadas por transferencias del presupuesto de los poderes públicos como es el Presupuesto Nacional y que para que ellas gasten lo que desean, el estado se ve obligado a pedir préstamos que son susceptibles de aumentar sus intereses en cualquier momento.

Un 8% del Producto Interno Bruto debe destinarse al financiamiento de la educación superior y ese monto sale del Presupuesto Nacional. Tampoco han comprendido los universitarios que la mitad de esos montos por ellos gastados, son financiados con deudas con altos intereses. Parece muy curioso que las universidades del estado, siendo las cunas de los profesionales del país no hayan terminado de comprender que la capacidad del estado de asumir deuda en el exterior así como en el mercado costarricense tiene un límite y que cada vez más quienes le prestan al país le cobran más por el riesgo de que no se les llegue a pagar.

El panorama es gravísimo ya que los ingresos del estado llegan a un 9,16% del PIB pero las erogaciones ya llegan a un 13,25%de la producción nacional. Hay que recordar que la producción costarricense creció en 2018 muy poco y este año 2019 crecerá aún menos. Hay que tener presente que estos impuestos y cargas han hecho que las empresas y las personas salgan a la informalidad para librarse de las mismas. Los informales no pagan impuestos y son la mitad de la economía de Costa Rica.

Muchas personas con toda razón pero sin la información suficiente señalan que es la defraudación fiscal el origen del problema. Lo atribuyen a los “grandes contribuyentes” sin comprender que la economía informal es la de los pequeños y muy pequeños y que esta llega a un 46 o 47% del total de nuestra economía.

Muchas personas se quejan de la “Amnistía Fiscal” que perdonó una cifra muy significativa sin entender que las instituciones y empresas del estado eran quienes encabezaban esas deudas. Los intereses se perdonaron y las multas en parte fueron condonadas con tal de que todos pagaran de inmediato. El Ministerio de Hacienda debía cubrir con ese ingreso extraordinario parte del hueco de 900.000.000.000 de colones que la administración anterior había dejado disimulado casi como para que estallara en la cara del nuevo gobierno pensando que no sería del mismo partido.

Es mi criterio que complementar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con una reforma del estado en la que las erogaciones se reduzcan en un tanto igual al del ingreso previsto por dicha ley resultará indispensable. Creo además que resulta urgente el cambio de la política cambiaria para financiar el déficit en otro 1,5% del PIB con devaluación de la moneda y además estimular la producción nacional. El tipo de cambio actual es cercano al de hace unos 10 años pero la inflación nacional de sus costos ha sido de alrededor del 36% en ese período y el resultado ha sido el desempleo. El hacer crecer la economía desregulando tramites y creando tarifas diferenciales de CCSS y otros para los que comienzan debe hacerse con sentido de urgencia. No hay sustituto para la confianza en el gobierno y el sistema. Nadie arriesga en temor e incertidumbre.

El problema fiscal es de todos y el realismo más que los deseos y la racionalidad más que la ignorancia del problema se van a imponer de cualquier manera.




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