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El futuro de la marihuana: ¿Cómo lograr una implementación equilibrada de la ley en Costa Rica?

Natiuska Traña natiuskatp@gmail.com | Martes 30 enero, 2024


El 9 de marzo de 2022, entró en vigencia la "Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial N.º 10.113". Con este avance, Costa Rica se unió al grupo de 56 países y territorios que han legalizado el uso de esta planta, reconocida por sus propiedades psicoactivas y medicinales.

Sin embargo, más allá de haber logrado la legalización, surge la incógnita sobre cómo llevar a cabo la implementación de la ley de manera efectiva y permitir el desarrollo de la industria tanto en el mercado local como internacional regulado. Esta labor se encuentra intrínsecamente ligada a los reglamentos, los cuales, a pesar de ser normas escritas dictadas por la Administración Pública y poseer una eficacia inferior a la ley, se emiten para desarrollar y poner en práctica los principios generales establecidos en la ley. Los reglamentos actúan como complementos detallados que proporcionan directrices específicas sobre cómo deben implementarse las disposiciones de la ley en la vida cotidiana. Clarificado este punto, el correcto desarrollo de la industria dependerá crucialmente de una reglamentación que facilite la ejecución de lo estipulado por la ley, de lo contrario, correríamos el riesgo de crear una industria condenada al fracaso y perjudicar a aquellos que han invertido o quieran invertir en ella, ya que no podrían operar de manera libre y eficaz.

La actual reglamentación en Costa Rica circunscribe la venta local de productos de cannabis medicinal y terapéutico exclusivamente a las farmacias, estableciendo que los productos finales deben ser catalogados como farmacéuticos. Esta normativa ha generado cierta confusión en torno a la operación de esta industria en el país, especialmente al compararla con casos internacionales exitosos como Canadá y algunos estados de los Estados Unidos.

La limitación de la venta a través de farmacias en Costa Rica plantea interrogantes sobre la adaptabilidad del modelo frente a la diversidad de productos y experiencias internacionales. Países como Canadá han experimentado un éxito notable al permitir una variedad de puntos de venta, incluyendo dispensarios especializados, lo que brinda a los pacientes un acceso más amplio y conveniente por medio de diferentes canales de venta y variedad de productos, desde flores secas hasta aceites y comestibles.

Para que la industria del cannabis medicinal y terapéutico en Costa Rica alcance su máximo potencial, es fundamental replantear los lineamientos actuales. La aplicación de modelos exitosos a la normativa vigente puede proporcionar valiosas lecciones y guiar la adaptación del marco regulatorio costarricense.

Al examinar la situación en Latinoamérica y revisar el caso pionero de Uruguay, que llevó a cabo una legalización completa en 2013, es viable identificar sus fallos con el propósito de evitar la repetición de errores similares.

Uruguay alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer país en legalizar tanto el uso medicinal como el uso recreativo. Sin embargo, desde la óptica del uso medicinal, que es el que nos compete, la oferta estatal de marihuana, por medio de las farmacias, ha demostrado ser insuficiente y de débil potencia, lo que conduce a la mayoría de los consumidores a recurrir al mercado ilegal.

Es importante señalar que las farmacias en Uruguay ofrecen paquetes de 5 gramos de flores secas sin moler ni prensar, destinados a los usuarios autorizados, y no suministran medicamentos farmacéuticos como muchos pueden pensar. Legalmente, los usuarios registrados pueden consumir hasta 40 gramos mensuales y el precio del paquete de 5 gramos, oscila los $12. Esto subraya la discrepancia entre la percepción y la realidad de la venta local en farmacias, ya que claramente no son el lugar más apropiado para comercializar un producto que no tiene carácter farmacéutico.

En el décimo aniversario de la ley, las discusiones se enfocaron en torno a la posibilidad de establecer nuevos puntos de venta, diversificando las opciones para los consumidores. Esta propuesta busca no solo aumentar la accesibilidad, sino también brindar una variedad más amplia de productos, abordando así las limitaciones actuales en la oferta.

Un aspecto interesante en discusión es la consideración de permitir que los turistas accedan legalmente al cannabis, porque actualmente en Uruguay la regulación solo permite la compra a nacionales y residentes, la apertura al turismo podría tener impactos significativos en el turismo relacionado con el cannabis y, por ende, en la economía.

La ampliación de la variedad de la oferta disponible se ha convertido en un punto medular en los debates. Los consumidores uruguayos buscan una mayor diversidad de productos, incluyendo diferentes cepas, concentraciones de THC y opciones de consumo, similar a lo que se observa en otros mercados, como el de Canadá.

Actualmente, en nuestro país, la discusión sobre el uso medicinal y terapéutico de cannabis ya no se centra en el "si", dado que contamos con una ley vigente que lo autoriza. Ahora nos enfrentamos a la tarea crucial de definir el "cómo", donde la Administración desempeña un papel esencial al establecer los requisitos y obligaciones que garanticen el éxito de la industria.

Es imperativo que aprendamos de los casos exitosos y evitemos replicar modelos que han demostrado ser poco efectivos. El camino a la regulación no tiene marcha atrás, y el desconocimiento, los prejuicios y el estigma, no pueden retrasar los avances que presenta la industria a nivel internacional. La regulación debe apuntar a cumplir lo establecido en la ley y proteger el derecho de las personas a consumir libremente y de manera segura el cannabis para uso medicinal y terapéutico.

Durante más de cuarenta años, Costa Rica ha dedicado grandes esfuerzos a su integración en el mercado internacional. Sin embargo, en esta industria en particular, los reglamentos parecen tener como objetivo bloquear la participación del país en este mercado.

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