El conflicto por el río San Juan

Nicaragua es un país significativamente atribulado por problemas políticos, económicos y sociales. Constantemente sus mandatarios han querido desviar la atención utilizando recursos nacionalistas, pretextos entre los cuales los conflictos fronterizos han servido a estos propósitos.

Prueba de ello es el hecho de que el vecino del Norte presentó demandas limítrofes contra Honduras y Colombia, actualmente en proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El 14 de julio de 1998 sucede un incidente en el río San Juan entre militares nicaragüenses y costarricenses, por lo que a partir de esta fecha se impide la navegación de policías nacionales con armas, se obliga a los ticos a reportarse a los puestos fronterizos nicas y se cobra una tarifa arbitraria.

Este suceso atenta con lo establecido por el Tratado Cañas-Jerez (1859) y con lo reafirmado posteriormente por el Laudo Cleveland (1888), así como lo pronunciado por la Corte de Justicia Centroamericana (1916) y el Tratado de Amistad (1949 y acuerdo suplementario de 1956).

Dadas las circunstancias y los constantes roces diplomáticos, Costa Rica decide, de forma acertada para poner un fin a estos intercambios innecesarios, presentar la demanda ante la Corte en La Haya.

Cabe destacar que esta constituye la primera querella presentada por el país ante la Corte Internacional.

Con esta acción los recurrentes subterfugios nicaragüenses llegan a un fin, dado que su defensa es forzada a pasar de un plano emocional a uno racional, en el cual deberán responder por los hechos arbitrarios de 1998.

La demanda tica se presenta luego de agotarse todos los espacios para un arreglo amistoso.

Está claro que Costa Rica en este proceso no pretende extender su territorio y reconoce en todo momento que el río San Juan pertenece a Nicaragua, simplemente pide que se respete lo estipulado por los términos acordados por ambos países en las distintas instancias internacionales.

En una actitud poco profesional una parte de la prensa nicaragüense, motivada por el oficialismo, podría desatar una especie de guerra mediática la cual no debe sorprendernos.

Por este motivo el hecho de que el fallo sea emitido por la Corte Internacional de Justicia obtiene más importancia.