Ejército no, seguridad sí
El 1º de diciembre de 1948, José Figueres Ferrer tuvo la visión sin precedente en el mundo de abolir el ejército. Superan...
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Ejército no, seguridad sí
Nuria Marín
El 1º de diciembre de 1948, José Figueres Ferrer tuvo la visión sin precedente en el mundo de abolir el ejército. Superando intereses adversos, nos heredó uno de los grandes pilares de nuestra democracia civilista.
El gran hombre, que triunfó por las armas para hacer respetar la voluntad popular, acompañaba con hechos concretos una de sus máximas: “Las victorias militares por sí solas valen poco. Lo que sobre ellas se construye es lo que importa.”
Estudioso conocedor de las realidades latinoamericanas, sabía muy bien de los peligros que el poder castrense podía representar para el estado de derecho, la institucionalidad y la estabilidad democrática.
En no pocas ocasiones, los ejércitos fungían como bastiones, incluso promotores de golpes de estado, legitimaban y aseguraban gobiernos de facto, y eran fuente de corrupción, y violación de derechos humanos. Convirtiéndose además en pesadas cargas para exiguas economías tan necesitadas de justicia social.
Como tantas genialidades de don Pepe, renunciar al ejército no solo nos vacunaba frente a potenciales abusos, sino que liberaba recursos para mayor inversión social, ambas decisiones claves para nuestra democracia y bienestar general.
Sesenta años después nuestra democracia peligra. Vivimos en una creciente ola de violencia que no discrimina. Como lo evidencian las 29 muertes de mujeres y miles de denuncias hay violencia en los hogares. Las muertes y discapacidades por accidentes de tránsito desnudan la cruel realidad en las carreteras.
El temor nos condena a vivir tras las rejas y a una libertad cercenada. En tanto los delincuentes hacen de las suyas y abusan del sistema. El sentido de impunidad incentiva más violencia.
La ciudadanía clama por acciones inmediatas y efectivas. De momento su voz se ha canalizado por cívicas y constructivas marchas denotando confianza en el sistema. Sin embargo, debemos prestar atención a alarmantes señales: ciudadanos que toman la justicia en sus manos, el deseo de un líder fuerte, o la creciente aceptación de la pena de muerte.
El pasado 11 de abril los tres Poderes firmaron el Manifiesto por la Recuperación de la Paz, importante avance al reconocer el tema como prioridad nacional y comprometerse en su particular responsabilidad al abordaje y solución del problema.
Comprendemos que las causas y soluciones de la violencia e inseguridad son en extremo complejas y demandarán de la voluntad del Estado con nuevas leyes, un Ejecutivo efectivo, eficiente, garante de bienestar social y un Poder Judicial de justicia pronta y cumplida. Como hace 60 años, en juego están la paz y estabilidad democrática de nuestra querida Costa Rica.
