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Divergen opiniones sobre el impuesto plano y el IVA o flat tax
La disminución que provocaría un flat tax sobre la recaudación de impuestos haría insostenible el actual modelo de desarrollo. Así mismo, la propuesta incentivaría la regresividad tributaria, aseguró experto.

Juan Pablo Arias
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El impuesto plano conocido como flat tax ha sido sugerido como una alternativa al proyecto de ley para modificar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), enviado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Esta propuesta también sustituiría los actuales cánones sobre las ventas y la renta. No obstante, su implementación resultaría “impráctica”, así lo estima Adrián Torrealba, director de Faycatax.

“Estonia, con su flat tax alcanza una carga tributaria (ingresos como porcentaje del PIB) del 25%, frente al 14% de Costa Rica. Un flat tax teórico del 10%, como el que propone el Movimiento Libertario, nos llevaría probablemente a reducir la carga tributaria a un 10-11% del PIB, con lo cual no se sostiene el proceso de desarrollo”, explicó Torrealba.

El experto basa sus aseveraciones en estudios internacionales que vinculan los niveles de carga tributaria necesarios con el tamaño de la economía.

Por su parte, sus propulsores destacan que el impuesto plano solo grava a quien obtiene una renta, y deduce lo que se ahorra o se reinvierte. De esta manera, la utilidad proveniente del capital y las ganancias estarían libres de impuestos.

Además, el flat tax utiliza el método contable “base de caja”. Lo que supone que no existe depreciación. Es decir, si un emprendedor invierte 1 millón, puede deducir del impuesto 1 millón, manifestó José Joaquín Fernández, presidente del Instituto Libertad

Este canon se cobraría sobre la riqueza generada a partir de cierto punto. Es decir, un desempleado no pagaría flat tax mientras que con el sistema del IVA el desempleado sí pagaría a pesar de no tener ingreso, añadió.

Las naciones de Europa del Este son las pioneras en la implementación de modelo. En Estonia, por ejemplo, no se grava la renta que se reinvierte a nivel de la empresa.

Cuando se distribuye o paga a una persona física, las rentas profesionales, de salario, dividendos e intereses se gravan con un 21% y bajo los criterios de renta mundial, de acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas del país europeo.

Cuanto más altos sean los ingresos de una persona, más capacidad de ahorro tiene. Esto significa que cuanto menor sea el ingreso de un individuo, mayor será la proporción de recursos que dedique al consumo y por ende al impuesto; lo que se conoce como “regresividad”, comentó Torrealba.

La posición contraria es el proyecto de Ley 16326 que contempla la implementación del IVA y utiliza el mecanismo de traslación.

Esto significa que si un individuo obtiene ingresos por las ventas, este debe pagar el impuesto, pero puede trasladarlo en cada fase productiva, hasta que llega al consumidor final que no tiene a quien trasladarlo y lo asume en definitiva.

Al final el resultado es el mismo, se grava lo que se consume. Ambos impuestos siguen este principio de justicia tributaria; cada quien según lo que consuma, a diferencia de un impuesto clásico sobre la renta: de cada quien según su renta total, sea que la ahorre o la consuma.

En cualquiera de los dos impuestos, se requiere una Administración Tributaria que conozca las fuentes de ingreso de los individuos, por lo que se necesitan instrumentos informáticos que permitan el control cruzado.

“Existe mucha experiencia de aplicación de los impuestos de renta global; los flat en la práctica tienen elementos parecidos a los de renta global, incluyendo renta mundial, y normativa de precios de transferencia”, comentó Torrealba.

La Administración Tributaria costarricense, con la inversión en tecnología informática que ha realizado y la experiencia acumulada, estaría en capacidad de implementar tanto un impuesto sobre la renta global como un flat tax en sus diversas modalidades, añadió el especialista.

Desde 2006 el Poder Ejecutivo presentó el proyecto del IVA que plantea un impuesto ad valórem de 13% para todos los bienes, con excepción de los servicios básicos de agua y electricidad, que pagarían un 6%. Actualmente, la propuesta se encuentra en la corriente legislativa, y espera ser dictaminado.



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