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COLUMNISTAS

Discusiones emocionales versus la realidad económica nacional

Roberto Dobles roberto.dobles@gmail.com | Lunes 11 marzo, 2019


Debido al fuerte vínculo que existe entre la energía y la prosperidad, el logro de altos niveles de competitividad energética de clase internacional es una prioridad clave para potenciar el crecimiento económico y el bienestar social.

Esta es la razón por la cual los países exitosos en el mundo han venido realizando reformas en su sector energético para adecuarlo a los nuevos y crecientes imperativos del siglo XXI.

Las decisiones en esos países se toman con base en criterios racionales, no en criterios emocionales.

En Costa Rica, sin embargo, se están dando discusiones de tipo emocional basadas en gran medida en dogmas, las cuales introducen a menudo grandes exageraciones, distorsiones y sesgos. En estas discusiones no se acreditan los estudios técnicos y estratégicos rigurosos que respaldan los argumentos que se proporcionan.

Existe también un alto grado de populismo energético que ha estado creando sesgos, restricciones y exclusiones de las opciones energéticas que se están utilizando en el mundo para reducir los costos de la energía.

Todo esto ha conducido a crear ilusiones más allá de las realidades, lo que ha provocado que gran parte de las promesas que se enuncian no se cumplan posteriormente.

El populismo energético, con fuerte arraigo en argumentos emocionales, ha evitado que se den las reformas y los cambios que se requieren en la matriz energética nacional. Estos cambios sí se están dando en el mundo para reducir los costos de la energía a los niveles de competitividad internacional y para realizar la necesaria transición energética.

Las discusiones fundamentales sobre la energía en Costa Rica no se realizan tampoco de manera integral. Dentro de este contexto, diversos grupos tienden a centrarse o a resaltar únicamente, según sea su orientación ideológica o dogmática, las ‘bondades’ y las ‘maldades’ de ciertas fuentes de energía que sus opiniones favorecen o rechazan según sea el caso.

Todo esto busca que la discusión se vuelva emocional y no técnica. Las discusiones no técnicas hacen que las personas se centren únicamente en ciertos aspectos sin tener en cuenta el contexto completo de todo el sistema (costos, contribución fiscal, competitividad, contribución al crecimiento económico y al bienestar social, contribución a la reducción de la pobreza, etc.) y provocan consecuentemente desinformación.

Y para agravar más la situación, todas estas discusiones entre ciertos grupos se dan en un ambiente de apatía e indiferencia colectiva del resto de la sociedad.

Esta situación ha venido incidiendo en decisiones que encarecen fuertemente la energía en el país, las cuales incluyen el desarrollo de fuentes de energía que son más caras que las que se están desarrollando internacionalmente. También excluyen o limitan en el país aquellas fuentes que en el mundo están reduciendo los costos de la energía y las emisiones.

No solamente aquí se desarrollan fuentes de energía caras, sino que además los proyectos terminan con grandes sobrecostos, lo que aumenta aún más los costos finales.

La competitividad energética, que es uno de los factores esenciales de la transición energética, es prioritaria para poder competir en el comercio internacional y en la atracción de inversiones, lo cual genera bienestar.

Pero aquí la competitividad energética no es una prioridad. Basta con ver los altos y crecientes costos de la energía en el país para darse cuenta de que este tema no es una prioridad. Basta también con constatar el hecho de que la reforma energética para reducir significativamente los costos no forma parte tampoco de ningún plan ni de la reactivación económica.

El impacto de los altos costos de la energía en la economía pone al país en una espiral de pérdida continua de competitividad, lo que afecta, entre otras cosas, el desarrollo económico y social, la generación de empleo y de recursos fiscales y la pobreza.

La reforma energética para aumentar la competitividad nacional, reactivar la economía y potenciar el desarrollo económico y social es una prioridad nacional ineludible que aún no ve el día.

La economía nacional se encuentra en un estado de mucha debilidad y sin capacidad para generar los niveles de bienestar que se requiere.

Algunos datos muestran esta cruda realidad nacional. Desde hace un tiempo la economía nacional se ha venido desacelerando sin ningún signo de recuperación. Como consecuencia de lo anterior, tal como lo han informado los medios de comunicación, “el desempleo en Costa Rica se disparó a 12% en el último trimestre del 2018” y sigue aumentado en el 2019 y es actualmente el más alto en muchos años. Por su lado, “la pobreza total de Costa Rica se elevó hasta el 21,1% de los hogares, en el 2018, lo cual significó un incremento de 1,1 punto porcentual”.

A pesar del gran aumento que se dio en los impuestos, las empresas internacionales calificadoras de riesgo (Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s) consideran que la situación fiscal del país sigue siendo crítica.

Y para empeorar todavía más la situación, el 25 de febrero pasado se anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “aconseja a Costa Rica aumentar más los impuestos para continuar con la reforma fiscal”. Ante este anuncio del FMI, “el presidente de la República anunció la posibilidad de enviar un nuevo proyecto que implique más impuestos para la sociedad, después de este año”.

El Gobierno también anunció el mes pasado que adicionalmente se dará un aumento de los impuestos que pagan los combustibles, lo cual los encarecerá aún más. Los combustibles representan casi las dos terceras partes del consumo energético nacional.

La situación fiscal continúa deteriorándose y el endeudamiento del sector público sigue creciendo aceleradamente, lo que compromete cada vez más el futuro de los habitantes y pone una creciente presión sobre el deterioro fiscal.

Los medios de comunicación han venido reportando esta seria situación con reportajes como los siguientes: la “Mitad del presupuesto del Gobierno deberá suplirse con deuda”, el “Gasto en deuda pública se dispara en un 50% para el 2019”, los “Pagos a deuda crecen un 80% en el Presupuesto Nacional del 2019”, el “Pago de bonos consumirá el 41% del presupuesto 2019”, la “Deuda del Gobierno estruja obras, salarios y gasto social”, “Para poder pagar la deuda y sus intereses el Gobierno ha tenido que estrujar el dinero destinado a las obras públicas, a los salarios de sus trabajadores y hasta el gasto social” y “La inversión del Gobierno en obras cae un 12,5%, las remuneraciones apenas subirán 0,7% y el gasto social baja de 13,1% a 12,6% del PIB”.

No obstante la crítica situación nacional, por ningún lado se ve un plan para reducir sustancialmente los costos nacionales de la energía para llevarlos a los niveles que existen en otros países con los que competimos en el comercio internacional y en la atracción de inversión externa.

Mientras todo esto ocurre aquí y mientras muchos de los países con los que competimos han venido convirtiendo a su sector energía en un verdadero motor de desarrollo y de prosperidad, en Costa Rica este sector más bien le resta competitividad al país.

No tendríamos los altos costos energéticos que tenemos si las decisiones fueran tomadas solo con base en criterios racionales (técnicos, económicos, financieros, fiscales, sociales, ambientales, etc.).

Es necesario llevar los costos de la energía a los niveles donde el sector energético del país se convierta en un verdadero motor de desarrollo, de prosperidad y de reactivación económica, como lo están haciendo muchos otros países en el mundo.



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