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Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló la noche de este martes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, que no existen indicios de actividad criminal que relacionen al gobierno de Rodrigo Chaves con el exmagistrado Celso Gamboa.
Este último se encuentra en la cárcel a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos para enfrentar una causa de tráfico internacional de drogas.
“Yo lo que indiqué en su momento es que hay una relación, un contacto, no es que haya una relación criminal. Eso lo tengo que aclarar, porque nunca lo he indicado ni lo he dicho, y no podría decirlo evidentemente porque hay todo un tema del 295 (artículo del Código Penal) que me impide dar información más allá de una situación o de otro tema de información”, expresó Zúñiga en la comisión.
En la previa había mucha expectativa porque en la previa medios de comunicación habían publicado declaraciones de Zúñiga, en donde él señala que un jerarca del Congreso llamaba a Gamboa jefe.
Precisamente, este punto se confirmó cuando Zúñiga fue subdirector del OIJ y Gamboa magistrado, lo cual fue antes de 2018, cuando este último fue despedido por el Congreso por el caso del cementazo.
En días pasados, se dio a conocer que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tenía grabaciones de sus agentes con Gamboa, en donde este señalaba que tenía conexiones con funcionarios del gobierno y, por ello, podía ingresar droga al territorio costarricense.
Hace una semana, se dio a conocer la detención de Gamboa por solicitud de la DEA de los Estados Unidos, quien pide la extradición del exfuncionario a Dallas, Texas, para que enfrente la justicia por el supuesto delito de tráfico internacional.
En un plazo no mayor de dos meses, el exmagistrado Gamboa conocerá si será extraditado. De momento, el exministro está en detención provisional junto a un hombre de apellido López, de acuerdo con lo que dispone el artículo 10 de la Ley de Extradición.
A lo largo de su carrera, Gamboa ocupó altos cargos como fiscal adjunto, ministro de Seguridad y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), hasta que en 2018 fue destituido por la Asamblea Legislativa por el caso del cementazo.
